Mi abuelita decía que “para mentir o comer pescado hay que tener mucho cuidado”. Ello es mucho más grave tratándose del decano de la prensa nacional, que en su editorial de lunes 25 de febrero, crítica una vez más, haciendo uso de medias verdades, la conveniencia de la inversión desde el interés público en la modernización de la Refinería de Talara (PMRT) cuyo titular es PetroPerú S.A. a nombre del Estado.
Así, empieza el editorial con una afirmación que podemos compartir pero que debemos explicar sobre todo a partir de la corrupción generalizada que expone el caso de Odebrecht en la forma de hacer negocios “con y desde el Estado”
Empieza su discurso ideológico que “El Estado nunca ha sido un gestor particularmente eficiente de grandes proyectos de inversión”. No le falta razón a esta afirmación, pero el diario se reserva de explicar por qué sucede ello.
El grupo económico que controla la prensa en nuestro país, con una participación que supera el 75 % del control en los medios escritos, y televisivos, pues el lector debiera tener presente que constituyen parte del grupo diarios como El Comercio, Gestión, Trome, Perú 21, Correo, Ojo sin mencionar los deportivos y su presencia en canales de televisión.
ESTADO CAPTURADO
Por tanto la evidencia histórica nos demuestra que el Estado no es eficiente en “los grandes proyectos de inversión”, por la captura del Estado por los grandes grupos de poder económico, que mediante una serie de prácticas dolosas sobrecostean los proyectos superando los montos referenciales mediante generosas adendas, en especial en las famosas asociaciones público/privadas, y las mafias enquistadas en los ministerios como el de la construcción y el mafioso Club de los constructores, donde importantes empresas “direccionan” las licitaciones y concursos.
Gracias a la corrupción galopante en los regímenes de Fujimori, Toledo, García, Ollanta, PPK en lo referente a los últimos tiempos, pues la corrupción tiene una larga historia, es que se pone en evidencia las denominadas “puertas giratorias” en la forma de hacer negocios con y desde el Estado para favorecer los intereses privados.
Con el golpe del 5 de abril de 1992 se impone un régimen dictatorial que establece por primera vez en la historia republicana una corrupción sistemática, generalizada, con el control total de las diversas entidades del Estado, con la participación de las Fuerzas Armadas, y la captura de los mecanismos del poder, donde los ingresos por narcotráfico fueron parte de los ingresos de la corrupción.
ESTADO MAFIOSO
Expresión palmaria de todo ello fueron los denominados “vladivideos” en los cuales queda en evidencia la forma de hacer negocios, donde políticos, congresistas, alcaldes, líderes empresariales, jueces, dueños de canales, y periódicos pasaron por la caja del capitán retirado Vladimiro Montesinos, asesor del presidente Alberto Fujimori.
El control del Poder Judicial, electoral, legislativo, medios de comunicación y de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de los grupos de poder y grandes empresas transnacionales, fue un fenómeno inédito en nuestro país. Este control permitió poner en práctica un clientelaje político en los sectores populares que explicaría la aceptación del fujimorismo en los sectores pobres de la sociedad peruana.
Con los ingresos de la corrupción y el poder económico por el control del estado, se puede entender por ejemplo el pago de una CTS por más de 14 millones de soles realizada por un viceministro del MEF al asesor Montesinos que supuestamente era un funcionario “ad honorem” en la crisis terminal del régimen hacia el años 2000.
Como también se puede explicar el pago de los estudios de los hijos del dictador en los Estados Unidos con dinero público que manejaba el asesor. Es decir, ¡los recursos del Estado eran la chacra de una pandilla mafiosa!
Esta forma de hacer negocios “con y desde el Estado” con las privatizaciones, subvaluando las empresas públicas, con compras de armamento con precios sobrevaluados, exoneraciones y exenciones fiscales entre otros mecanismos fueron posibles gracias al control del Estado, a la alianza con los grupos económicos y altos oficiales de las Fuerzas Armadas que estaban en la planilla del asesor.
Por tanto, la denominada falta de eficiencia en los proyectos de inversión por parte del Estado tiene una explicación histórica y política.
De allí que solamente la democracia radical, la transparencia, la competencia del mercado, libertad de prensa entre otros, serían las herramientas para combatir a las dictaduras y la corrupción sistémicas, no hay otra.
GRAÑA MIRÓ QUESADA
En todo caso resulta curioso que El Comercio, que tiene como uno de los principales accionistas a José Graña Miró Quesada, titular de la constructora Graña y Montero, grupo económico comprometido con la corrupción de Odebrecht, no solamente en el Gasoducto del Sur sino también en múltiples inversiones, no sea sancionado moralmente como accionista.
Es de conocimiento público que la constructora, por medio de sus más altos funcionarios, participaba en el financiamiento conjuntamente con la brasileña Odebrecht, en la famosa “división de inversiones estructuradas” de acuerdo a la participación accionaria, donde en varios proyectos de inversión pública tuvo que financiar la corrupción.
Se extraña la posición patriótica de don Luis Miró Quesada de la Guerra, quien hacia los años 40 y 50 del siglo pasado, escribía editoriales por la recuperación del petróleo cuestionando la presencia ominosa de la IPC filial de la Standard Oil miembro de las Siete Hermanas.
La tesis patriótica apostaba por la presencia del Estado en la explotación del petróleo por medio de la Empresa Petrolera Fiscal (EPF) en Piura y la selva, así hacia fines del gobierno del presidente Oscar R. Benavides (1933/1939) se da partida de nacimiento de lo que sería el antecedente histórico de la petrolera estatal PetroPerú S.A.
PMRT: RENTABILIDAD A PESAR DE TODO
El Proyecto de Modernización de la Refinería Talara (PMRT) es rentable a pesar de que El Comercio y de los trasnochados liberales que consideran que mejor hubiera sido comprar en el exterior los combustibles que el país necesita, sin entender el carácter estratégico de los combustibles.
En el referido editorial se expone la preocupación por la demora en la construcción del PMRT y las paralizaciones de empresas contratistas con la española Técnica Reunidas, por diversos incumplimientos de pago, problema que compartimos por los evidentes sobrecostos pactados en el contrato.
Estos problemas en parte se explicarían por la pretensión de Técnicas Reunidas de hacerse responsable de las inversiones auxiliares que fueron inicialmente por PertroPerú en no más de US $ 900 millones, y que los españoles aspiraban incrementar sustancialmente por encima de los US $ 1,250 millones. Al no haber acuerdo fueron licitadas recién en el 2017 con todos los problemas que ello conlleva a un valor de US $ 765 millones de dólares.
Se cuestiona el alto costo del PMRT señalando que su valor por más de US $ 5,000 millones de dólares nunca debió comprometerse a pesar de su rentabilidad, las ganancias ambientales que para la salud representa el tener combustibles limpios producidos localmente y la posibilidad de refinar los crudos pesados que más abundan en la selva norte.
La mala leche del editorial es tan evidente que no menciona para nada que el valor de las inversiones fue supervisado hasta por cuatro consultoras de renombre internacional incluida entre ellas una agencia ligada al Banco Mundial, las que reafirman los estándares internacionales en el valor de la inversión comparado con otras experiencias.
Tampoco se menciona la rentabilidad del proyecto PMRT con una tasa del 7 % como tasa interna de retorno (TIR) que pudo ser mayor si hubiese decisión política en un Estado cuyos representantes desde el 2012 a la fecha han bombardeado el proyecto pues más de un ministro de economía con supina ignorancia lo consideraba un “elefante blanco”
Todo ello al margen de la frustrada integridad vertical con lotes petroleros propios en sus operaciones le hubiese otorgado un mayor flujo de caja para financiar las inversiones del PMRT. A pesar de todo contra viento y marea el proyecto en su parte principal tiene un avance físico del 73%
JUNTA DE ACCIONISTAS CONTRA PETROPERÚ
Me explico. Siendo los ministros y viceministros de las carteras de Economía y Finanzas, y de Energía y Minas, los miembros natos de la Junta de Accionistas, pocas veces por decir nunca han estado convencidos de la necesidad del PMRT, incluso esta conducta ha sido compartida por algunos presidentes y miembros del directorio PetroPerú.
Se soslaya que con la modernización y los nuevos procesos industriales como el retiro de azufre, la planta de tratamiento de crudos pesados, ampliación a una capacidad de refino de 95 mil barriles diarios, planta de ácido sulfúrico, nuevas plantas de craqueo catalítico y destilación al vació, planta de nitrógeno, entre otras estaremos ante un refinería de las más modernas en esta parte del mundo.
Por ello, los márgenes de refino se ampliarán de US$ 3 a 5 US $ pasarán a US $ 12 a US $ 15 dólares según el tipo de combustibles, con una producción de casi 44 mil barriles diarios de diésel 2 con 50 partes millón de azufre, es decir, un combustible limpio. Con una reducción significativa en la producción de los petróleos industriales que serían aprovechados al máximo para producir gasolinas limpias.
Sin embargo, compartimos la preocupación sobre estas demoras y la falta de acuerdo entre las empresas que han sido subcontratadas por la española Técnicas Reunidas, pues ello implicará mayores costos financieros si la postergación de la entrega va más allá de los plazos contratados. Entre moras y castigos resultan previsibles millonarias compensaciones que tendría que asumir PetroPerú.
En verdad, el modelo de modernización del PMRT por partes donde la responsabilidad mayor está a cargo de Técnica Reunidas y las inversiones auxiliares a cargo de otras empresas está demostrando sus limitaciones, cuando debió ser la misma Técnica Reunidas desde un principio (2010) la responsable del conjunto de la inversión.
No debemos olvidar que en el caso del PMRT ha existido una continuidad a pesar de todo entre los gobiernos de Toledo, García, Humala, PPK y Vizcarra para sacar adelante este proyecto. Pero del 2006 al 2019 la demora en esta importante inversión resulta exagerada, pues a regañadientes el MEF autorizó su financiamiento cuando se experimentaba una bonanza de precios del petróleo.
Con un avance del 73% en la obra principal que resulta el proceso de refinación y las nuevas unidades técnicas, resultaría irresponsable dar marcha atrás. Debiera haber una decisión política del gobierno y una mayor transparencia de parte de PetroPerú en el manejo de las cifras, pues entre “supervisiones y por concepto de gestión” en la etapa de construcción se estarían valorizando más de US $ 508 millones (10% del costo estimado) que antes no aparecían.
ALTERNATIVA RENTABLE
De allí la necesidad de buscar la integridad del negocio, con lotes petroleros propios (192, 64, entre otros) para que parte de la renta petrolera financie los costos financieros, pues no sería un buen negocio para la petrolera estatal repagar el capital y los costos financieros de los bonos emitidos más allá de 20 años.
Se demanda fortalecer PetroPerú como empresa integrada con producción propia, refinación modernizada, con participación en los negocios rentables del sector, pues a pesar de todo, la petrolera estatal ha sido la fuente de negocios privados y la capitalización de una serie de grupos económicos empezando por Graña y Montero, Pluspetrol, Sapet, CNPC, Petrotech/Savia por citar algunos.
Es decir, PetroPerú está bien como fuente de enriquecimiento privado de los grupos económicos ávidos de ganancias. Pero su presencia fortalecida y modernizada al servicio del país es cuestionada por los lobbies de siempre.
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