El economista Pedro Francke denuncia en esta entrevista que se quiere aprobar una nueva ley para favorecer a las empresas petroleras, pero no se aprovecha el gas de Camisea y se paraliza la construcción del gasoducto del sur. Ante el peligro inminente de una norma que puede reducir al 5 por ciento el pago de regalías, reclama la dación de una Ley de Energía que priorice el uso del gas y de hidroeléctricas o termoeléctricas.
—¿El país necesita en estos momentos una nueva Ley de Hidrocarburos?
—La ley actual tiene bastantes años de vigencia, pero yo creo que antes que una nueva ley necesitamos un Plan Nacional de Energía y una ley correspondiente, porque el tema de hidrocarburos no es aislado, sino que tiene que ver con el tema de la energía, que tiene que ver también con las otras fuentes de energía como la electricidad, las hidroeléctricas, las termoeléctricas y con el tema de las energías renovables. Entonces, una cosa no debe ir sin la otra…
—¿Y el Perú no tiene un plan de energía?
—No tiene, efectivamente. Y eso ha generado una cosa aparentemente académica, pero no lo es, porque en años anteriores el problema de los desequilibrios generados entre la promoción del gas versus la electricidad, versus el petróleo y las hidroeléctricas ha llevado a un desincentivo del uso de hidroeléctricas, que es una energía limpia y ha llevado a que estemos pagando un montón de plata por las centrales termoeléctricas que no están funcionando, porque la regulación ha sido mala, porque se han construido centrales termoeléctricas que, al final, no se han estado usando durante un período, pero igual nos las cargaban en las facturas…
—Yendo al tema de los hidrocarburos. El presidente de Perúpetro, Seferino Yesquén, asegura que en ningún articulado se establece que las regalías se van a reducir al 5 por ciento. ¿Es verdad esto?
—Eso es lo que dice la ley. La ley dice que las regalías se rebajan hasta ese nivel de 5 por ciento. El asunto es que según la nueva ley todo queda en manos de Perúpetro, entonces un funcionario de segundo nivel, porque ni siquiera es un ministro, va a poder firmar los contratos con mayores o menores regalías. Eso depende de este funcionario de segundo nivel, lo que no existe actualmente, porque los contratos tienen que aprobarse por decreto supremo. Entonces, la ley da un margen amplio de discrecionalidad para un funcionario de este tipo que puede reducir las regalías hasta un 5 por ciento.
—¿Y cuál es el porcentaje actual?
—Entre 16 y 50 por ciento. La reducción es significativa.
—Él dice que la nueva ley permitiría poner en producción campos descubiertos hace 10 años y explotar 630 millones de barriles de reservas. ¿Es verdad?
—Lo que sucede es que es una ley indiscriminada. Entonces, al mismo tiempo permite que una serie de pozos petroleros que ya están en explotación, que ya tienen contratos, que están pagando regalías mayores, va a reducirles las regalías a estos pozos y a estas empresas, lo cual no tiene ningún sentido. Yo creo que lo que hay que ver aquí, es que hay otra forma de fomentar la exploración petrolera, incluyendo, por ejemplo, que se hagan empresas conjuntas, joint ventures entre Petroperú y empresas internacionales, como han hecho distintos países. Por otro lado, hay que tener en cuenta que ahorita estamos en una situación en la cual los precios del petróleo han vuelto a subir y están alrededor de los 60 dólares el barril, lo cual hace que el negocio petrolero nuevamente esté obteniendo mayores ventajas y puede tener una mayor rentabilidad.
—Entre otros beneficios se dice que se destinará el 0.25 por ciento de la producción a remediar los pasivos ambientales y a reforestar las áreas impactadas. ¿Qué opinión tiene?
—Está muy bien tener esos objetivos, pero el problema aquí es que eso debería estar a cargo del que explota el negocio y puede ser suficiente o puede no ser suficiente, puede sobrar o puede faltar. Entonces, si una empresa petrolera genera una deforestación y un daño ambiental mucho mayor a esa cantidad, entonces qué. ¿Quién lo va a pagar? Los peruanos, en vez de la explotación del petróleo. Eso no debería tener una limitación de ese tipo. Está muy bien separar, pero eso no asegura el pago total.
—Usted ha denunciado que la prórroga de los contratos va a ser a dedo y se va ampliar el plazo de las concesiones…
—A 20 años más. Efectivamente, la ley no establece que tenga que haber una licitación o concurso público para el otorgamiento de concesiones o la ampliación de las concesiones, lo cual, a mí me parece que es lo mínimo, para establecer un mínimo de competencia y de transparencia en el proceso. Y simplemente es un grupo de funcionarios los que van a decidir a quién se le da y con qué regalía, creo que se está abriendo el terreno a la corrupción, lo cual es bastante delicado. En general todos los contratos públicos, las obras públicas tienen que ser objeto de competencia, porqué se va a dar a dedo.
—Sectores del Cusco denuncian que no se está estableciendo la construcción de la planta de fraccionamiento de Kepashiato ni de una serie de obras que se requieren para que el gas llegue efectivamente al Cusco, que es la zona productora de gas.
—Hay un problema mayor. No solo eso, sino que el gasoducto del sur está paralizado y creo que el ministro de Economía y Finanzas aseguró que en tres meses habría una nueva propuesta, bueno, disculpen, esto lo paralizó el gobierno de PPK y ya tiene paralizado más de dos años. Entonces creo que es un tema bastante crítico y es curioso que se quiere dar una ley para favorecer a las empresas petroleras, pero no se está estableciendo lo básico para poder aprovechar el gas que ya tenemos en favor de los peruanos. En realidad, al no hacer el gasoducto del sur se está favoreciendo a que las empresas productoras lo que hagan es exportar el gas. Entonces cuál es la gracia de dar una nueva Ley de Hidrocarburos cuando el gas que ya lo tenemos no lo estamos aprovechando de mejor manera para los peruanos. Lo primero que debería plantearse en el problema de los hidrocarburos es atender el tema del gasoducto del sur y el aprovechamiento del gas que ya tenemos.
KEIKO APOYA ESTA LEY LESIVA
—Diversos sectores denuncian que Keiko Fujimori está muy interesada en este proyecto. ¿Por qué?
—Bueno, ella lo ha manifestado, ella lo ha declarado públicamente en entrevistas. Ha dicho que este es un proyecto prioritario, que es una de las mejores cosas que ha hecho este Congreso con la mayoría de sus congresistas a favor. Y ha llamado al presidente Vizcarra a que ayude a la difusión de esta gran cosa que es la ley. Lo ha dicho, nadie está inventando nada. Ahora ¿por qué? Eso no se sabe, le da prioridad a eso, pero no les da prioridad a las pequeñas empresas, a la agricultura, a la educación pública, les da prioridad a las empresas petroleras…
—El petróleo está asociado con páginas negras de nuestra historia republicana. Precisamente estamos llegando al 3 de octubre, aniversario de la revolución del general Velasco, que, entre otras medidas, nacionalizó el petróleo de Talara luego de la ominosa historia de la página 11. ¿Qué reflexión le merece esa situación en estos momentos?
—Es un problema en la historia del Perú que pocas personas conocen, pero el petróleo de la Brea y Pariñas fue explotado durante 60 años dejándole prácticamente nada al Perú, con unas regalías absolutamente ridículas… y eso fue el producto de ese contrato del que se desapareció una página, la página 11, una página negra que fue un escándalo de corrupción. Ahora, lo que le diría es que en la historia del mundo se conoce que los contratos petroleros y los países petroleros son particularmente proclives a problemas de corrupción y, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con ellos…
—¿Y qué debería hacer el Congreso ante esta situación?
—Creo que no debe aprobarse. Creo que debería archivarse hasta tener un plan nacional y una Ley General de Energía y debería más bien priorizarse el tema del gasoducto.
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