La autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, no quería convocar a elecciones. Inicialmente estaban fijadas para el 3 de mayo, pero la pandemia obligó a postergarlas indefinidamente y su mandato temporal amenazaba con alargarse. Sin embargo, la presión social la obligó a promulgar la ley de convocatoria.
Mediante una alocución nacional, Áñez responsabilizó una vez más al candidato por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, y al expresidente, Evo Morales, de presionarla para celebrar los comicios lo antes posible, en lo que también incluyó al candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa.
La gobernante de facto insistió en que ellos deben asumir las consecuencias “por haberla forzado a realizar las justas en plena pandemia por el coronavirus” y agregó que no tiene la intención prorrogarse en el poder.
Antes del anuncio, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, denunció mediante su cuenta oficial de la red social Twitter que “se planifica un nuevo golpe de Estado contra la Asamblea Legislativa y organizaciones sociales y sindicales que no pudieron liquidar en noviembre”.
Las declaraciones del líder boliviano tuvieron lugar tras el encuentro que sostuvo la presidenta con el titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, para analizar la fecha en la que se realizarán las elecciones generales previstas para el próximo 6 de septiembre.
Añez y sus ministros toman la emergencia epidemiológica provocada por la Covid-19 como pretexto fundamental para justificar la posposición de los comicios, alegando que para la fecha programada el país experimentará el pico máximo de la pandemia con una proyección de 130.000 contagios.
Tras el encuentro, no se ofrecieron declaraciones oficiales a los medios de prensa y la ministra de Salud, Eidy Roca, declaró que se había limitado a presentar las previsiones sanitarias en los próximos meses.
Sin embargo, Romero, en una entrevista concedida este domingo al suplemento Animal Político del diario La Razón, declaró que “el TSE siempre ha considerado elementos científicos. Fue la razón por la cual tomó la iniciativa de buscar, con el respaldo de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Iglesia, la concertación con los actores políticos” en el momento de proponer una fecha para las elecciones generales.
Ante la negativa del gobierno de facto de promulgar la Ley 691, sancionada el pasado 9 de junio, la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, Eva Copa, le recordó a Añez el pasado 17 de junio que su único mandato es presidir las nuevas elecciones.
Copa advirtió que “de no promulgar la ley que le fue remitida, solamente estaría adelantando la realización de los comicios al 2 de agosto de 2020, como establece la Ley 1297, del 30 de abril”.
En días recientes, Añez convocó a la Policía a poner “orden, seguridad y ley” sobre lo que ella ha calificado como “violencia de los violentos”, en clara alusión a los movimientos sociales, sobre todo, el liderado por el expresidente Evo Morales y su formación política Movimiento al Socialismo (MAS).
