En el intrincado caso de Pedro Gonzalo Chávarry, nombrado fiscal de la Nación pese a sus vinculaciones con una mafia delictiva, hay un elemento político que no aparece a primera vista: el Apra.
Harto sabido es que el suspendido juez supremo César Hinostroza tuvo vínculo firme con el empresario aprista Antonio Camayo a quien pide, según se escucha en un audio, organizar un almuerzo con periodistas para defender la candidatura de su amigo Chávarry para la fiscalía de la Nación, “porque ya se están metiendo los caviares, están vetándolo a mi amigo”.
¿A quién representaban Hinostroza, Camayo y Chávarry, si no al aprismo? El partido de Alan García ha organizado desde hace décadas una banda gangsteril en el aparato judicial.
Sus afinidades y sus métodos los delatan.
Al fiscal Chávarry se le vincula con la banda “Los cuellos blancos del puerto”. Eso trae cola. El Callao es el puerto de embarque de grandes cargamentos de drogas, y muchos juicios al respecto terminaban con sentencias favorables a los narcos. Una investigación sobre el fiscal de la Corte Superior del Callao puede desvelar lazos muy hondos con el narcotráfico.
La lucha contra la corrupción tiene que llegar al mar de fondo. No puede limitarse a una pugna entre el presidente Vizcarra y el Congreso.
Grave es el episodio de la comunicación de Chávarry dirigida al presidente Vizcarra:
“Ponderación Presidente Vizcarra. Basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra (43 de su propio pueblo), serán tramitadas con el debido proceso. Respete a las instituciones y a la democracia.”
Ese texto es una amenaza burda. Su promesa de debido proceso queda anulado por el sentido de desquite frente al pedido de que Chávarry deje la fiscalía. El debido proceso exigía eso: un debido proceso, no un golpe bajo. Chávarry no ha salido en defensa de los instituciones, la democracia, sino en defensa de su propia persona y del círculo delictivo al que pertenece.
Con su furioso mensaje, Chávarry confirmó que no es apto para Fiscal de la Nación.
