La detención de Vicente Silva Checa como vinculado a la red fujimorista de lavado de activos ha traído a la memoria y a la imagen televisual los días en que Silva recibía de Montesinos dos millones de dólares (sustraídos del presupuesto de Defensa) para comprar el Canal 10 de televisión.
En el manejo de ese Canal, lo acompañó la periodista Blanca Rosales, quien después sería estrecha colaboradora de Nadine Heredia y Ollanta Humala. Un eje corrupto y corruptor une a muchos políticos peruanos con el narcotráfico y las coimas.
Pocas horas después del autogolpe del 5 de abril de 1992 se produjo una escena para la historia de la infamia: desde un balcón del Palacio de Justicia, cercano al juzgado antidrogas, se lanzaba a un vehículo expedientes relativos a juicios contra narcotraficantes.
En Caretas hice notar ese hecho vergonzoso que había sido registrado y difundido por la televisión. El 14 de noviembre de 1994, la revista Oiga publicó el artículo que en parte transcribimos. Ese texto recordaba la complicidad de jefes militares del entorno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos con los narcos, complicidad denunciada por oficiales EP como el capitán Gilmar Valdivieso Rejas, el capitán Ricardo Falconí Álvarez, el mayor Evaristo Castillo Aste y el exagente de la DEA Augusto del Río. Sobre la visita relámpago del subsecretario de Estado Bernard Aronson corren hipótesis. Fragmento del informe de Oiga:
“VALEROSA DENUNCIA DEL CAPITAN (EP) GILMAR VALDIVIESO REJAS “NARCOTRAFICO ¿LA CLAVE DEL 5 DE ABRIL?
“ARONSON llegó horas después del golpe y se fue inmediatamente. Se dice que traía lista de militares vinculados con el narcotráfico.
“Una de las hipótesis que se manejaron para tratar de explicar el golpe militar del 5 de abril de 1992 fue que el Ejército quiso evitar una investigación parlamentaria acerca de la colaboración de algunos mandos militares con el narcotráfico. Se dijo que Bernard Aronson, el subsecretario de Estado para Asuntos de Latinoamérica, que llegó a Lima horas después de que se consumara el golpe, traía en su cartera un voluminoso expediente en el que figuraban los nombres de, por lo menos, un centenar de oficiales de las Fuerzas Armadas, la mayoría de ellos miembros del Ejército. Aronson dejó Lima tan rápido como vino sin entrevistarse con el ingeniero Alberto Fujimori que en contados minutos había hecho el tránsito de Presidente Constitucional a Jefe del Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional, apoyado por los tanques del general Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Comandante General del Ejército y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
“Pese a los desmentidos del Departamento de Estado norteamericano y de Palacio de Gobierno de Lima, la duda quedó flotando. Pero, con el paso de los años, un rosario de denuncias, la mayoría de ellas surgidas del mismo seno del Ejército, comienzan a dar sustento a la hipótesis que relaciona el golpe del 5 de abril de 1992 con la corrupción que hace presa de personal del Ejército, desde simples soldados hasta altos oficiales, que son destacados a la región cocalera del Huallaga, donde operan las más importantes ‘firmas’ de narcotraficantes.”
