El Gobierno de Brasil ha ofrecido al estado de Sao Paulo su ayuda a todos los niveles tras el asesinato este lunes por la noche del que fuera su secretario de seguridad, Ruy Ferraz Fontes, conocido por su papel central en el combate contra el crimen organizado, especialmente contra Primer Comando de la Capital (PCC).
Fontes fue tiroteado en el municipio de Praia Grande, en el litoral paulista, cuando el vehĆculo en el que viajaba fue interceptado por hombres armados en la noche de este lunes. Un crimen "brutal", ha dicho el ministro de Justicia, Ricardo Lewandoski, que refleja "el nivel de violencia" que sigue imperando en Brasil.
Lewandoski ha matizado que este tipo de episodios "no son exclusivos de Brasil", no obstante, y ha trasladado al gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, de que el Gobierno se pone a disposiciĆ³n de las autoridades estatales.
"Nos ponemos a disposiciĆ³n del estado, sobre todo en lo que respecta a la PolicĆa cientĆfica. Tenemos un banco de datos en lo que ataƱe a balĆstica, ADN, informaciĆ³n, todo eso ponemos a disposiciĆ³n, si es necesario, del Gobierno de Sao Paulo", ha dicho el ministro de Justicia en declaraciones a los medios.
Lewandoski ha explicado que este tipo de casos responden a la cada vez mayor presencia de armas de uso restringido en las calles brasileƱas y ha responsabilizado a las polĆticas permisivas de aƱos anteriores. "El actual Gobierno estĆ” intentado ahora hacer un control de todo ese armamento", ha contado.
Por su parte, el Gobierno de Sao Paulo ha puesto en marcha un operativo especial para dar con los responsables del atentado que acabĆ³ con la vida de Fontes, un reconocido policĆa con cuatro dĆ©cadas de servicio y al frente de la seguridad del estado entre 2019 y 2022.
El PCC es la principal organizaciĆ³n criminal de Brasil, con cada mayor presencia en todo SudamĆ©rica. Surgido de una de las peores cĆ”rceles de Sao Paulo en 1993, no ha parado de crecer hasta controlar los presidios y las favelas del paĆs, ademĆ”s de contar con unos 35.000 miembros, de los cuales 6.000 estĆ”n entre rejas.
En agosto de este aƱo, una operaciĆ³n a gran escala ejecutada por diferentes cuerpos policiales en hasta ocho estados asestĆ³ un importante golpe a la estructura econĆ³mica de la organizaciĆ³n, al desarticular una trama mil millonaria relacionada con el trĆ”fico y manipulaciĆ³n ilegal de combustible.
