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El presidente de Ecuador insiste en la Asamblea Constituyente con un nuevo decreto para eludir a la Corte Constitucional

Noboa promulgó un nuevo decreto para convocar una Asamblea Constituyente tras derogar el anterior, buscando evitar bloqueos legales. El CNE aún no aprobó la consulta.
Europa Press
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El presidente de la Ecuador, Daniel Noboa, ha derogado este sábado el polémico Decreto 148 para la convocatoria de una consulta popular para una Asamblea Constituyente para aprobar un nuevo decreto que insiste en los mismos términos, una maniobra para evitar el posible bloqueo en la Corte Constitucional.

Este mismo sábado se ha reunido el Consejo Nacional Electoral (CNE), al que iba dirigida la petición de Noboa para la convocatoria de la consulta, y se ha declarado en proceso electoral pero no ha aprobado la misma tras la suspensión del Decreto 148 ordenada por el Constitucional tras recibir cinco demandas de inconstitucionalidad. Inmediatamente después Noboa ha aprobado el nuevo decreto, el Decreto 153.

El texto insiste en preguntar sobre la Asamblea Constituyente al CNE, organismo que al estar ahora en proceso electoral tiene competencia para destituir a jueces, cargos públicos y funcionarios que se opongan al proceso en caso de posibles obstrucciones.

El decreto plantea la prengunta "¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?".

El texto incluye detalles como la asignación de escaños --80--, requisitos, vigencia de 180 días prorrogables otros 60 y representación nacional, provincial y del exterior de la Asamblea Constituyente y señala que la Constitución de 2008 no responde a las necesidades urgentes del Ecuador ante una "crisis estructural" de seguridad, justicia, economía e institucionalidad que exige una reconfiguración total del Estado.

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