La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este martes la condena a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner, en un fallo que fue calificado por amplios sectores políticos y sociales como un acto de proscripción sin precedentes en la historia democrática argentina.
La decisión, adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, cierra de manera definitiva la vía judicial para la exmandataria, impidiéndole competir en las próximas elecciones legislativas, para las que ya había oficializado su candidatura justo una semana antes.
El fallo utilizó como argumento central la “falta de fundamentación autónoma” del recurso presentado por la defensa, desestimando todos los cuestionamientos sobre imparcialidad, falta de pruebas y arbitrariedades en el proceso.
Organizaciones políticas, juristas y referentes de derechos humanos advirtieron que la Corte Suprema recurrió al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, una herramienta que permite rechazar recursos extraordinarios sin analizar los expedientes ni argumentar los motivos, una maniobra técnica para evitar el debate público y la revisión de fondo de la causa.
El proceso judicial que culminó en la condena de Cristina Fernández de Kirchner estuvo plagado de denuncias por irregularidades, arbitrariedades y falta de pruebas directas que la vincularan con los delitos imputados.
El abogado Gregorio Dalbón, integrante de la defensa, sostuvo que “no hay una firma de CFK en una obra pública” y que la condena se basó únicamente en valoraciones subjetivas y no en pruebas concretas. Además, remarcó que “condenar por sana crítica a una presidenta es muy injusto, arbitrario y el proceso fue inconstitucional”.
Diversos sectores señalaron la falta de independencia de los magistrados que intervinieron en el caso, recordando los vínculos personales y deportivos entre los jueces de la Cámara de Casación y el expresidente argentino Mauricio Macri.
El juez Mariano Borinsky, quien participó en la revisión de causas clave contra Cristina Kirchner, reconoció públicamente que concurrió en reiteradas ocasiones a la residencia de Olivos para jugar al pádel con Macri, en fechas coincidentes con resoluciones judiciales de alto impacto político.
La reacción de la militancia y de referentes políticos no se hizo esperar. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof afirmó que “hoy condenan a Cristina Kirchner, un final anunciado tras años de perversa persecución política, mediática y judicial”, y agregó que “esta condena termina de consagrar una auténtica infamia”.
Desde el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño denunció la “proscripción política” y llamó a movilizarse en defensa de las libertades democráticas.
Por su parte, el Partido de los Trabajadores Socialistas expresó que la resolución de la Corte “implica un ataque no solo a los derechos políticos de Cristina, sino también a los de quienes se sienten representados por su candidatura y a los derechos democráticos del conjunto de la población”.
En el peronismo y el entorno de la exmandataria argentina, la decisión fue calificada como una “proscripción política por vía judicial” y se convocaron multitudinarias movilizaciones en todo el país.
Cristina Fernández de Kirchner, quien escuchó la noticia en la sede del Partido Justicialista, denunció ante sus militantes una “persecución judicial orquestada por sectores del poder económico y mediático”, y afirmó: “Me podrán meter presa, pero el pueblo siempre vuelve".
Dado que la principal líder de la oposición argentina tiene 72 años, es probable que se le conceda el arresto domiciliario. Sin embargo, su defensa anunció que recurrirá a instancias internacionales para denunciar "violaciones sistemáticas al derecho a un juicio justo, la falta de imparcialidad de los magistrados y la utilización selectiva de la justicia para perseguir a opositores políticos".
