La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha informado de un aumento del número de menores que están siendo reclutados por bandas y grupos violentos en Colombia utilizando las redes sociales para ponerse en contacto con los niños y adolescentes.
"Estamos muy preocupados por la creciente tendencia del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes que parece continuar y agravarse aún más en 2025, en un contexto preelectoral", ha indicado el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell.
Plataformas de redes sociales como Tik Tok o Facebook han servido como canal de comunicación para contactar e interactuar con menores y, tras enviar mensajes persuasivos a ciertos perfiles, los grupos armados han continuado con una estrategia de reclutamiento haciéndoles llegar detalles logísticos para su entrada en la organización.
Dentro de estos foros públicos, los miembros de los grupos criminales hacen "apología de la guerra", normalizan la violencia y promueven actividades ilegales como el cultivo de sustancias ilícitas, según el informe elaborado por la ONU.
En los primeros tres meses de 2025, la Oficina de Derechos Humanos han cifrado en 51 los casos de menores reclutados y entre 2022 y 2024 al número total ascendió a 658 casos verificados por el organismo internacional.
Los perfiles que más sufren estos intentos de captación son las personas de origen indígena o afrodescendiente, que alcanzan casi la mitad de los casos certificados. Igualmente, cuatro de cada diez víctimas eran niñas o adolescentes quienes están, además, atravesadas por la violencia de género que provoca en ocasiones su reclutamiento con fines sexuales.
De esta manera, la ONU insta a las autoridades colombianas a tomar las medidas necesarias para reforzar la protección de los Derechos Humanos en los menores con una mayor coordinación interinstitucional, haciendo hincapié en poner mayor atención a los casos más vulnerables. Para aquellos que ya han sufrido las captaciones de los grupos armados, el Estado debe garantizar su reintegración efectiva en la vida cotidiana.
El control de las instituciones y de las empresas a cargo de las plataformas digitales en cuanto a la detección e identificación de riesgos del uso de estos servicios debe realizarse con "mayor diligencia" con el objetivo de evitar la utilización de los menores para fines ilegales.
