El Gobierno de Bolivia ha confirmado que no está prevista por el momento la vuelta de la Policía a Trópico de Cochabamba, bastión del expresidente Evo Morales, hasta que no puedan garantizar la seguridad de los efectivos y la de sus familias, en medio de las fuertes protestas en la región desde hace un mes.
El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, ha acusado a los grupos afines a Morales de atacar y amenazar no sólo a efectivos policiales, sino también a sus familias. Aumentan los casos de violencia y en los que la población se toma la justicia por su mano.
Control político del territorio
Se trata de "un control político del territorio, que impide que la Policía y los órganos encargados de la persecución penal puedan sentar presencia del Estado", ha explicado este lunes el viceministro del Interior, Jhonny Aguilera, quien ha asegurado que lo que buscan estos grupos es proteger las "actividades ilícitas".
Con la expulsión de la Policía, señala en una entrevista para Bolivia TV, se pretende "mantener una autonomía frente a intervenciones estatales, que son percibidas como amenazas al poder local".
La Policía tuvo que abandonar en gran medida esta región hace un mes tras las violentas protestas organizadas por los grupos afines al expresidente Morales, quienes exigen su habilitación para presentarse a las elecciones de agosto.
La fuerte resistencia con la que han topado las autoridades en Cochabamba ha impedido por la detención de Morales, que se encuentra parapetado en la localidad de Lauca Eñe, a pesar de las varias órdenes de arresto por un supuesto delito de trata de seres humanos por una relación que mantuvo cuando era presidente con una entonces adolescente de 16 años de la que nació un bebé.
La Policía ha justificado no poder haber cumplido estas órdenes ante la imposibilidad de poder garantizar la seguridad de sus efectivos y la de quienes protegen a Morales. En las últimas semanas, al menos cuatro policías murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en varias localidades cochabambinas.
