El Tribunal Supremo de Brasil ha decidido por mayoría responsabilizar a las plataformas de redes sociales por el contenido ilegal que puedan llegar a publicar sus usuarios, si bien todavía deberán consensuar cómo y bajo qué condiciones han de responder y reparar los posibles daños causados.
La votación en el seno del Supremo responde a dos recursos presentados por dos empresas de internet que cuestionan su responsabilidad civil por los daños causados a terceros por el contenido ofensivo publicado en sus plataformas, amparándose en la falta de una orden judicial para eliminar perfiles y foros, así como en la libertad de expresión y en la imposibilidad de monitorear todo lo que se publica.
La mayoría de los jueces han argumentado que baste con las denuncias de los afectados para retirar contenido ofensivo e ilegal, o, en los casos más graves, sin necesidad de una queja externa y rindan cuentas en caso de no hacerlo.
Se refieren a publicaciones con discursos de odio, noticias falsas, mensajes antidemocráticos, o que inciten al suicidio, por ejemplo.
A la espera del resto de votos, aunque no pondrían en cuestión la mayoría ya alcanzada, la única por ahora que disiente apunta que no es posible responsabilizar a una red social sin sentencia judicial previa, pero apuesta por que estas empresas promuevan la identificación de los usuarios para evitar perfiles falsos.
Este asunto, que ha generado un amplio debate dentro de la sociedad brasileña, tiene relación con la supuesta trama golpista de 2022 para mantener en el poder al expresidente Jair Bolsonaro tras las elecciones de octubre, ya que una de las líneas de investigación apunta a las llamadas milicias digitales.
Las autoridades sostienen que a través de ellas se difundió información falsa sobre el proceso electoral y el voto electrónico para justificar la intentona golpista en caso de que, como así fue, Luiz Inácio Lula da Silva venciera.
