El presidente Petro acusa al crimen organizado de estar detrás de estas acciones
El Gobierno de Guatemala ha expresado su "enfático rechazo" a la "irresponsable" y "espuria" orden de arresto lanzada este lunes por la Fiscalía de país contra varias autoridades colombianas, entre ellas el exministro de Defensa Iván Velásquez, alegando supuestos delitos relacionados con el caso Odebrecht.
"Estas medidas carecen de sustento legal", señala en un comunicado, que añade que además vulneran el acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno para establecer la comisión internacional contra la impunidad (CICIG), la cual dirigió Velásquez entre 2013 y 2019, el último año desde el exilio.
El Gobierno ha denunciado que estas acciones de la Fiscalía tienen "un evidente objetivo político" y forman parte además de otra serie de medidas lanzadas por la fiscal general, Consuelo Porras, y "jueces asociados a la corrupción".
"Han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y abuso del derecho penal", señala el Gobierno, quien ha informado de que ya se ha puesto en contacto con las autoridades colombianas para aclarar lo ocurrido a fin de no dañar las relaciones diplomáticas.
Petro señala al crimen organizado como responsable
Por su parte, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha acusado al crimen organizado de estar detrás de estas órdenes de arresto contra el embajador Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo.
"La Fiscalía de Guatemala como la Fiscalía de Colombia en tiempos de (Francisco) Barbosa, como la Fiscalía que apresó al presidente (de Perú) Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías", ha escrito en su cuenta de X.
"Las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos", ha denunciado el mandatario colombiano.
Petro ha propuesto a "equipos de abogados independientes" la redacción de la primera causa penal contra estas "multinacionales de la mafia" por sus "crímenes contra el pueblo latinoamericano", que son de "lesa humanidad" y por tanto han de "ser juzgados por la justicia penal internacional".
La Fiscalía guatemalteca ha acusado a Velásquez de dirigir una "estructura criminal" para favorecer a la constructora brasileña Odebrecht --presente en innumerables casos de corrupción en Latinoamérica-- con un perjurio al Estado valorado en unos 340 millones de euros.
Cabe recordar que los principales responsables de la Fiscalía de Guatemala, entre ellas la fiscal general, Consuelo Porras, o el jefe de la oficina contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, están en lista de sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos por sus ataques contra la democracia.
