La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha condenado este jueves a doce militares por el asesinato de 135 'falsos positivos' --civiles a los que se hacía pasar por guerrilleros para justificar su muerte--, a ocho años de penas restaurativas, parte de los acuerdos de paz de La Habana de 2016.
Los doce militares --que formaban parte del Batallón La Popa, con sede en la ciudad de Valledupar, en el noreste de Colombia, entre 2002 y 2005-- han sido condenados a ocho años de penas alternativas de prisión, centradas principalmente en trabajos para restaurar la integridad de las víctimas y rendir cuentas.
Algunos de ellos cumplirán tiempos de reparación menores después de que se les hayan conmutado los periodos que habían permanecido en prisión. Entre los trabajos está la participación en la construcción, reparación y mantenimiento de infraestructuras en las zonas afectadas, en la de un mausoleo para las víctimas y la de un centro cultural y de memoria de la comunidad indígena Wiwa.
La investigación ha establecido que estos doce militares --principalmente mandos medios ya que los de más alto rango no han aceptado los cargos-- tiene relación con los "asesinatos ilegítimos y desapariciones forzadas" de 135 personas entre 2002 y 2005 en los departamentos de César y La Guajira, en el Caribe colombiano, crímenes que se llevaron a cabo en "alianza y connivencia" con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ya extintas.
Esta semana, la JEP impusó también sanciones alternativas al antiguo alto mando de la guerrilla de las FARC, que a diferencia de los militares, todos reconocieron su responsabilidad en los hechos que se les imputaba, el secuestro de 21.000 personas durante casi seis décadas que perduró el conflicto armado en Colombia.
Los 'falsos positivos' es como se ha dado a conocer en Colombia a los 6.402 civiles, según cifras de la propia JEP, que fueron asesinados, en connivencia con los grupos paramilitares, por las fuerzas de seguridad e hicieron pasar por guerrilleros, principalmente entre 2006 y 2008, en pleno gobierno de Álvaro Uribe.
El objetivo de estos crímenes era mostrar una falsa sensación de éxito en las operaciones militares contra el narcotráfico y los grupos armados, espoleadas estas prácticas por las condecoraciones y los reconocimientos económicos que ofrecía el Gobierno a cambio de lograr buenos resultados.
