Dina Boluarte, después de promulgar la infame ley de amnistía que favorece a los militares que asesinaron a estudiantes de La Cantuta y a inocentes en Barrios Altos, saludó de manera efusiva al ex director de Inteligencia del Ejército, general retirado Juan Rivero Lazo.
Rivero Lazo salió de la cárcel el 2024 después de cumplir una condena de 25 años de prisión por la masacre en Barrios Altos, donde, el 3 de noviembre de 1991, miembros del Grupo Colina asesinaron a balazos a 15 inocentes, entre ellos, a Javier Ríos Rojas, un niño de 8 años y a su padre Manuel Isaías Ríos Pérez de 33.
Rivero Lazo fue un general de confianza de Vladimiro Montesinos y era una pieza importante para que el Destacamento Colina funcionara. Rivero Lazo ejecutaba las órdenes de Montesinos. Dotó de dinero, armas y toda la logística para que los militares entraran a asesinar al jirón Huanta 840, en Barrios Altos.
En una escena que parece salida de los peores años del fujimorato, Boluarte selló con un saludo a Rivero Lazo la impunidad que su gobierno ha venido cocinando con sigilo, pero sin vergüenza.
La norma, aprobada por el Congreso y firmada sin titubeos por Boluarte en Palacio de Gobierno, permite la excarcelación de militares sentenciados por crímenes de lesa humanidad.
Se trata de una ley que favorece directamente a los responsables de las matanzas de La Cantuta, Barrios Altos, El Santa y otras masacres que mancharon de sangre nuestra patria. Favorece a malos militares que secuestraron, asesinaron, y violaron. Nadie está en contra de los militares que lucharon contra Sendero, pero los malos militares tienen que cumplir sus condenas.
Boluarte, en Palacio de Gobierno, flanqueada por el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi, uno de los impulsores de la norma, calificó la ley como “un acto histórico” que devuelve “la dignidad a quienes lucharon por la patria”. Esto es falso. Hay héroes, claro, pero los condenados por asesinos no son héroes de ninguna manera. Boluarte no dijo nada sobre los deudos de las matanzas de La Cantuta como Raída Cóndor ni Gisela Ortiz, que exigen justicia.
“La ley es propia de regímenes autoritarios. Premia a quienes cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. Es una traición al Estado de derecho”, denunció la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en un comunicado.
Lejos de acatar los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno y el Congreso han optado por socavar el sistema internacional de protección, promoviendo incluso la salida del Perú de su jurisdicción.
Desde el Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera ha sido contundente: “Estamos ante un acto deliberado de desacato. El Estado peruano está obligado por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a no conceder beneficios a quienes violaron derechos fundamentales. Lo que está haciendo Boluarte es desconocer ese mandato, en abierta complicidad con el fujimorismo”.
Amnistía Internacional también se pronunció: “Esta ley es una afrenta directa a las víctimas. No hay reconciliación sin justicia. Este tipo de medidas solo reabre heridas y perpetúa el sufrimiento”.
Esta norma anula todos los procesos en curso contra los presuntos violadores de Derechos Humanos y les perdonan las penas a los asesinos condenados si es tienen más de setenta años. Más o menos 900 policías y militares pueden favorecerse de esta ley, salvo si jueces valientes hacen prevalecer el derecho internacional y le dicen “no” al abuso de Dina Boluarte.
La fecha no pudo ser más simbólica. Hoy se cumplen 40 años de la matanza de Accomarca, en la que malos militares asesinaron a 69 campesinos, entre ellos mujeres y niños. Ahora, a cuatro décadas de ese crimen, Boluarte festeja con un integrante del Destacamento Colina una norma que favorece a violadores de Derechos Humanos.
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