Un antiguo responsable de la agencia estatal brasileña encargada de proteger los intereses de los pueblos indígenas durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, Marcelo Augusto Xavier da Silva, ha sido condenado a diez años de prisión por hostigar y perseguir a líderes y colectivos de estas comunidades.
Un tribunal de Amazonas ha establecido que Da Silva "intimidó y presionó" a trabajadores de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) para que aprobaran la licitación de unas obras que habrían de cruzar por territorio protegido de la comunidad Waimiri Atroari, además de acosar a grupos de defensa.
Da Silva pidió a la Policía Federal que abriera investigaciones a funcionarios de la Funai con la intención de "tomar represalias y presionar a sus subordinados para avancen en el proceso de licitación" a pesar de que hubiera que "desconocer formalidades administrativas, notas técnicas y la historia de la población".
El tribunal también ha desestimado las acusaciones que se vertieron sobre estos funcionarios por "infundada", "subjetivamente intencional" y "políticamente instrumentalizada", tal y como detalla Agencia Brasil.
Actualmente Da Silva ejerce como delegado de la Policía Federal. La condena incluye la pérdida de este cargo público y una indemnización por daños morales valorada en 50.000 reales (7.800 euros). No obstante, cabe recurso.
A su paso por la Funai recibió varias denuncias de los grupos de defensa y las comunidades indígenas, así como de la propia oficina que dirigió entre 2019 y 2022 debido a una gestión marcada, entre otras cosas, por cómo abordó la desaparición y asesinato del indigenista Bruno Pereira y el periodista británico Dom Phillips.
