El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, dictó cinco meses de prisión preventiva en contra del expresidente Martín Vizcarra. La decisión se adoptó este miércoles 13 de agosto y se ordenó el internamiento inmediato mientras avanzan las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
El magistrado fundamentó su resolución advirtiendo la existencia de peligro de fuga y la posibilidad de obstaculización del proceso por parte del acusado. Consideró, además, un comportamiento procesal cuestionable y la falta de arraigo laboral y familiar por parte de Vizcarra, cuya defensa alegó vínculos laborales con Urbaniza 3D y Perú Primero. El juez rechazó estos argumentos al observar que se trataba de una empresa gestionada por la esposa y en la que son accionistas sus hijas, calificando los contratos presentados como “instrumentalizados” para aparentar arraigo.
Según la tesis de la Fiscalía, liderada por el fiscal Germán Juárez Atoche, Vizcarra habría recibido S/2,3 millones en coimas de las empresas Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y Obrainsa. Dichas compañías estuvieron a cargo de los proyectos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital de Moquegua’ durante la gestión de Vizcarra como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014. El Ministerio Público sostiene que los pagos se realizaron a cambio de favorecer a dichos consorcios en la adjudicación y ejecución de las referidas obras públicas.
La resolución judicial precisó que la prisión preventiva tendría una duración de 150 días, durante la cual la Fiscalía continuará con la recabación de pruebas, testimonios y la revisión de documentos bancarios y contractuales. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinará en las próximas horas a qué establecimiento penitenciario será trasladado el exmandatario, estimándose que podría cumplir la medida en el penal de Barbadillo, como otros exjefes de Estado.
Previo a la nueva decisión, el juez Víctor Alcocer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, había rechazado el pasado 27 de junio el pedido fiscal de seis meses de prisión al considerar que no se reunían los grados de sospecha suficientes para justificar una medida tan restrictiva. Sin embargo, la Tercera Sala Penal de Apelaciones anuló esa resolución el 26 de julio y dispuso que otra sala revisara el pedido de prisión preventiva, considerando la existencia de vicios procedimentales en la decisión inicial.
La defensa de Vizcarra, encabezada por el abogado Edwin Siccha, anunció que presentará un recurso de apelación contra la medida adoptada, argumentando que no se acreditaron los elementos que evidencien un verdadero riesgo procesal ni la comisión probada del delito imputado.
Durante la audiencia, el fiscal Juárez Atoche detalló que parte de los pagos ilícitos ascendieron a S/1.000.000 tan solo por la obra Lomas de Ilo—efectuados en dos entregas de S/400.000 y S/600.000, respectivamente— y señaló que existían declaraciones de colaboradores eficaces que confirmaban la colaboración de las empresas involucradas en los actos de corrupción.
Martín Vizcarra fue detenido inmediatamente después de la audiencia, conforme a lo dispuesto en la resolución, y permanecerá bajo custodia policial hasta que el INPE defina la cárcel donde cumplirá el mandato judicial.
