Trabajadores despedidos de la empresa Aceros Arequipa, con sede en Pisco, denunciaron que la justicia en esa ciudad también ha caído secuestrada por los tentáculos de la corrupción.
Exigieron justicia e imparcialidad a Francisco Alejandro García Ferreyra, Juez de Trabajo de Pisco en el distrito Judicial de Ica, a fin de que se resuelva sus exigencias.
Los sindicalistas despedidos de Aceros Arequipa reclamaron también celeridad al juez del Juzgado Civil Transitorio de Pisco, Miguel Francisco Cayo Falconi, en el proceso de reposición al trabajo que está en su despacho.
Los trabajadores indicaron que poseen una resolución a favor, que declara que sus contratos laborales son a plazo indeterminado, y una demanda de reposición en curso, y que amparados en ello plantearon una medida cautelar en protección a su derecho al trabajo. Sin embargo, hasta la actualidad el proceso sigue lento.
Los trabajadores exigen justicia, sanción a los responsables de las demoras. La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura Ica tiene abierto un procedimiento administrativo disciplinario a Cayo Falconí, por inconducta funcional.
Pidieron el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, Julio César Leyva Pérez, vea el caso de Cayo Falconí.
Cayo Falconí tiene diversas quejas por faltas: por no resolver las demandas jurisdiccionales; por dilatar por años procesos Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud que según ley debe durar 7 meses.
En Ica y Pisco se han desactivado dos juzgados pese a la elevada carga procesal que existe en ese distrito judicial. Diversos sindicatos de la región exigen reorganización e investigación profunda de la Corte Superior de Justicia de Ica y del desempeño de su presidente.
