El Gobierno de Colombia ha anunciado que tomará acciones diplomáticas en rechazo a la orden de captura emitida este lunes por la Fiscalía de Guatemala contra el exministro de Defensa colombiano Iván Velásquez y la fiscal general del país sudamericano, Luz Adriana Camargo, por presuntos delitos de corrupción relacionados con el caso Odebrecht, en lo que ha considerado como "un atentado contra la Justicia internacional".
"Ante esta situación, hemos activado los canales diplomáticos correspondientes para manifestar formalmente nuestro rechazo ante las autoridades guatemaltecas", ha señalado el Ministerio de Exteriores de Colombia en un comunicado en el que ha manifestado su "profunda preocupación y enérgico rechazo" por la solicitud de detención para la fiscal y el exministro, que actualmente se desempeña como embajador de Colombia ante la Santa Sede.
La cartera diplomática ha considerado que la orden de captura "carece de sustento jurídico (y) constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional", al entender que están siendo "tergiversados" y empleados "como instrumentos de persecución política o personal".
"La utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional exige una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que claramente no se cumplen en este caso", ha argumentado, al tiempo que ha denunciado que la medida "vulnera Derechos Humanos".
Por ello, "confía en que la comunidad internacional sabrá reconocer esta actuación" en los mismos términos que lo hace Bogotá, mientras el Ejecutivo de Gustavo Petro "reafirma su compromiso con el respeto al Derecho Internacional, la independencia judicial y la cooperación entre Estados".
La cartera de Laura Sarabia ha hecho estas declaraciones después de que las autoridades judiciales de Guatemala hayan pedido la detención de Velásquez y Camargo por los presuntos delitos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y colusión, en el marco del caso de corrupción Odebrecht, y haya notificado de ello a la Interpol.
El exministro, que trabajó junto a Camargo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), está acusado de dirigir una "estructura criminal" con la que favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales, esto es, unos 340 millones de euros.
Velásquez ha cargado contra la Fiscalía guatemalteca asegurando que tanto él como Camargo son víctimas de una "persecución". El Ministerio Público del país centroamericano ya señaló a Velásquez a principios de 2023, por la presunta aprobación de acuerdos de cooperación irregulares con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht que habría tenido lugar en 2017.
