Las autoridades de Colombia y Ecuador han cruzado acusaciones sobre la responsabilidad del último desencuentro diplomático que ha desembocado en la imposición de aranceles recíprocos del 30% después de que altos miembros de ambos Gobierno hayan mantenido conversaciones para desescalar la guerra comercial.
"Ante el comunicado emitido por la Cancillería colombiana, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador señala que respecto de la reunión de las cancilleres y autoridades de ambos países realizada en esta fecha, llama la atención que se pretenda atribuir la responsabilidad de este desacuerdo al Ecuador, cuando precisamente su origen radica en la falta de control efectivo y presencia estatal de Colombia en su frontera sur", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores ecuatoriano.
Poco antes, la cartera de Exteriores de Colombia ha informado que tras solicitar a las autoridades ecuatorianas que acabaran con los aranceles mientras duren las negociaciones bilaterales, Quito ha manifestado que el fin de los gravámenes tendrá lugar cuando se alcance una acuerdo sobre todos los temas.
"Ante esta situación, el Gobierno de Colombia se ve obligado a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos", ha reaccionado Colombia a la negativa de Ecuador.
Igualmente, Bogotá ha confirmado que interpondrá una demanda ante la Comunidad Andina -- integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú-- por incumplir el denominado Acuerdo de Cartagena, por el que se creó la Comunidad.
Por otro lado, en materia de seguridad las versiones de ambos países tampoco concuerdan. Mientras que Colombia ha transmitido su refuerzo de la seguridad fronteriza para luchar contra el narcotráfico, Ecuador ha asegurado que Bogotá ha admitido que existe un problema en "la falta de control fronterizo y eliminación del cultivo de coca en (su) territorio".
Ecuador impuso el pasado mes de enero "una tasa de seguridad" del 30% a las importaciones procedentes de Colombia "ante la falta de reciprocidad y acciones firmes" de este país para enfrentar el narcotráfico. Un acción que fue respondida por el Gobierno colombiano con otro arancel del mismo porcentaje sobre más de 50 productos con origen ecuatoriano y con la suspensión de manera temporal de la venta de electricidad al país vecino.
Quito también ha incrementado en más de un 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), al pasar de un coste de 2,5 dólares por barril a más de 30 dólares por barril para usuarios extranjeros. La iniciativa ha sido rechazada por Bogotá, que la ha tachado de "desproporcionada".
En medio de esta escalada de tensión y a pesar de no alcanzar avances significativos en las recientes conversaciones, ambos países se han emplazado a continuar negociando.
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