El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este domingo la muerte de un mínimo de cinco personas en dos ataques contra otras tantas embarcaciones que navegaban en aguas orientales del océano Pacífico y a las que ha acusado, al igual que a sus tripulaciones, de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
“La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo dos ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas”, ha afirmado en redes el Comando Sur (SOUTHCOM) del Ejército estadounidense, que esgrime una confirmación de los servicios de inteligencia de que “las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico (…) y participaban en operaciones de narcotráfico”.
El órgano militar ha asegurado, al hilo, que “dos narcoterroristas varones murieron y uno sobrevivió al primer ataque”, mientras que “tres narcoterroristas varones murieron durante el segundo ataque”. “Tras los enfrentamientos, el SOUTHCOM notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para que activara el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente”, ha agregado sin dar más datos de su condición actual.
La operación se ejecutó “bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan”, y, según el comunicado difundido, “ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”.
La Administración de Donald Trump emprendió a finales de verano de 2025 una campaña de bombardeos contra supuestas narcolanchas en el mar Caribe en lo que inicialmente se presentó como una de las vertientes de la presión estadounidense contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, al que también acusaban de “narcoterrorista” desde Washington.
No obstante, los bombardeos no se detuvieron una vez capturado Maduro por las fuerzas norteamericanas en una operación que dejó de por sí más de un centenar de víctimas mortales en el país caribeño. De hecho, la campaña –extendida también al Pacífico oriental y que ha levantado asperezas en otros países de la región, marcadamente con el presidente de Colombia, Gustavo Petro–, acumula a día de hoy 168 víctimas mortales, así como múltiples denuncias y acusaciones de ejecuciones extrajudiciales por parte de gobiernos y organizaciones internacionales y no gubernamentales.
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