El Gobierno de Colombia ha presentado este lunes al Senado otra propuesta para realizar una consulta popular sobre la reforma laboral con 16 preguntas, cuatro más que la anterior, que fue rechazada la semana pasada por la cámara alta en medio de acusaciones de fraude, después de que se permitiera cambiar el sentido del voto a un congresista de la oposición.
“El presidente (Gustavo) Petro ha dicho -si nos quieren negar la consulta, pues doblamos la apuesta- y vamos a radicar de nuevo la consulta popular en la Secretaría del Senado de la República, a ver si tienen las mayorías como dicen tenerlas y a ver si tienen la valentía de querer ponerle mordaza al pueblo colombiano”, ha declarado el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en declaraciones recogidas por la emisora W Radio.
El ministro ha presentado junto al titular de Interior, Armando Benedetti, y de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, una nueva propuesta con preguntas adicionales sobre una reforma del sistema sanitario y que será estudiada por el Congreso dentro de los próximos 30 días.
Este miércoles, el Senado tumbó la consulta popular de doce preguntas sobre la reforma laboral por 49 votos en contra y 47 a favor, si bien el Gobierno ha denunciado fraude después de que la cámara permitiese modificar el voto de uno de los senadores de la oposición una vez ya se había pronunciado.
En este sentido, Benedetti ha defendido en rueda de prensa que “es el pueblo quien debe dividir ese conflicto que hay entre el Congreso y entre el Ejecutivo” y ha considerado que las dos consultas “están hoy vivitas y coleando en el Congreso” puesto que este órgano no se ha pronunciado aún sobre la polémica votación de la anterior propuesta.
Mientras, los principales sindicatos del país latinoamericano han convocado un “gran paro nacional” los días 28 y 29 de mayo en apoyo de la consulta popular propuesta por el presidente Petro.
En un comunicado difundido por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en su página web, han anunciado esta huelga cuyos objetivos incluyen asimismo “el respaldo del Gobierno” colombiano y la “denuncia de las élites oligárquicas y el empresariado”.
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