Santiago Peña, que este jueves ha presentado su renuncia como presidente de Paraguay, seguirá en el puesto después de que el Congreso no haya conseguido reunir el quórum para votar sobre la dimisión tras abandonar el hemiciclo representantes del oficialista Partido Colorado.
Tras dos horas de intenso debate, un grupo de miembros de la formación de Peña se han retirado de la sala, forzando así al presidente del Senado, Basilio Núñez, a levantar la sesión.
Todo ello pese a que el oficialismo había anunciado que respaldaría la renuncia del mandatario. De hecho, el expresidente de Paraguay Horacio Cartes, quien impulsó la carrera electoral de Peña en 2023, había confirmado en un comunicado que desde el Partido Colorado “acompañamos el juicio político al presidente a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República”.
Núñez ya ha indicado que convocará a los senadores este viernes para continuar con el juicio político de Peña aprobado horas antes por unanimidad por la Cámara de Diputados. Para que prospere la destitución del presidente, se necesita el apoyo de 30 de los 45 miembros de la Cámara Alta.
La destitución no tiene carácter meramente simbólico ni mucho menos: si es cesado, no podrá acceder a la condición de senador vitalicio y perderá la posibilidad de contar con los fueros correspondientes a esa figura. Es decir, en caso de acusaciones por eventuales delitos, los antecedentes serían remitidos directamente al Ministerio Público, la Fiscalía, y quedaría desprovisto de buena parte de su inmunidad.
La dimisión de Peña ha venido motivada por la intervención del Banco Ueno, cuya enorme crisis de liquidez ha dejado temporalmente a millones de depositantes, pensionistas entre ellos, sin acceso a su dinero.
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