El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, ha afirmado este lunes que “no es posible” intervenir en la Embajada de México en Lima a fin de arrestar a la ex primera ministra Betssy Chávez, asilada en la legación diplomática. Así, ha contradicho las palabras del presidente peruano, José Jerí, que ha abierto la puerta a tal operación, mientras que su par mexicana, Claudia Sheinbaum, ha advertido de que tal actuación violaría el Derecho Internacional.
“No es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona por más emotividad o por más que sea requerida por la Justicia peruana”, ha declarado Álvarez a los medios de comunicación a su salida del Congreso, según ha recogido la cadena RPP.
En esta línea, ha subrayado que “tanto el que habla, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, como el canciller (el ministro de Exteriores, Hugo de Zela), que tiene una larguísima trayectoria exitosa en el campo diplomático”, son conscientes de la imposibilidad de la intervención.
El jefe de Gabinete peruano ha contradicho de este modo a su presidente, José Jerí, quien en la víspera dijo que “si tiene que ingresarse a la Embajada mexicana, se hará”, una idea que ha había sido rechazada por De Zela hace menos de tres semanas. Ante ello, Álvarez ha matizado que las palabras del mandatario representan “el sentimiento de la mayoría de los peruanos” ante el asilo de su antecesora, buscada por la Justicia por su rol en el intento de golpe de Estado liderado por el expresidente Pedro Castillo a finales de 2022.
Las declaraciones de Álvarez han llegado unas horas después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, haya advertido de que la irrupción en la Embajada violaría el Derecho Internacional, aludiendo a la ruptura de relaciones diplomáticas con Ecuador tras la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas y la irrupción de las fuerzas de seguridad en su embajada.
El Tribunal Supremo de Perú ha dictado cinco meses de prisión preventiva y una orden de busca y captura contra Chávez, mientras que la Fiscalía había solicitado una pena de 25 años de prisión para ella, además de su inhabilitación para ejercer funciones públicas durante dos años y medio al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.
Castillo, por su parte, se encuentra detenido después de que el 7 de diciembre de 2022 anunciara la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Su decreto, que no recabó ningún apoyo, terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra.
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