El Senado de Argentina ha rechazado este jueves por mayoría los nombramientos de dos jueces del Tribunal Supremo, que fueron designados a dedo mediante un decreto presidencial a finales de febrero aprovechando el receso del Congreso, en la que ha sido la primera vez desde 1983 que la Cámara Alta ha votado en contra de los candidatos propuestos por el Ejecutivo argentino.
La votación de Ariel Lijo ha recibido 27 votos a favor, 43 en contra y una abstención, mientras que la de Manuel José García Mansilla ha obtenido únicamente 20 votos a favor y 51 en contra, según ha indicado el Senado a través de su perfil en la red social X, tras varias horas de debate en el se ha pedido al gabinete que no desconozca la Constitución.
Tras este revés al Gobierno, la oficina del presidente de Argentina, Javier Milei, que se encuentra de visita en Estados Unidos, ha “repudiado” la decisión de la cámara, mientras que ha aseverado que “durante el último año” los senadores “dilataron” la votación durante meses para finalmente “optar por priorizar la preocupación por sus causas judiciales y las de sus dirigentes, en detrimento del funcionamiento de uno de los tres Poderes”.
“Por primera vez en la historia, el Senado de la Nación ha rechazado pliegos propuestos por un presidente, por motivos meramente políticos y no por cuestiones de idoneidad, lo que evidencia una vez más que la Cámara Alta es el refugio de la casta política en el Congreso de la Nación. Convertido en una máquina de impedir, el Senado no actúa en favor del pueblo, sino que tiene como único fin obstruir el futuro de la nación”, reza un comunicado.
En este sentido, ha considerado que “es evidente que la politización de la Justicia representa una amenaza para la democracia”. “El derecho a la justicia continuará limitado (en Argentina)”.
El jefe de Estado de Argentina nombró en febrero a García-Mansilla y Alijo como jueces del Supremo, después de que ninguno de los dos magistrados consiguiera los dos tercios de los apoyos del Senado que exige la Constitución cuando el Gobierno los propuso en marzo de 2024. Tras esta medida, la ONG Human Rights Watch (HRW) alertó de que este decreto se trataba de “uno de los ataques más graves contra la independencia” del máximo órgano judicial del país.
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