La excandidata presidencial y política opositora peruana Keiko Fujimori ha desdeñado este jueves los 35 años de cárcel que la Fiscalía pide para ella por un delito de lavado de dinero afirmando que el ente público se mueve por motivaciones políticas y ha cuestionado la objetividad de quien ha liderado la causa, el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez.
"Nos vamos a oponer porque consideramos que se actúa al margen de la ley", ha dicho la abogada de la líder de Fuerza Popular (FP), Giulliana Loza, en una entrevista para Canal N, en la que ha afeado haberse enterado de este nuevo requerimiento fiscal a través de la prensa, en lugar de por cauces oficiales.
"No tenemos conocimiento en sí de los argumentos que estarían fundamentando su decisión", ha dicho la abogada, que acusa a la Fiscalía de "quebrar una vez más el procedimiento" y con ellos los derechos de la varias veces aspirante a la Presidencia de Perú, cuyas campañas están en entredicho debido a su financiación.
Loza ha asegurado que Fujimori está siendo acusada de un delito --lavado de dinero-- que en el momento en el que supuestamente se produjo no venía recogido en la legislación y que no apelarán hasta que se les notifique de manera oficial.
La abogada ha aprovechado también para arremeter contra el fiscal Pérez, a quien ha reprochado haber perdido "objetividad" durante el proceso y ha sugerido que existen motivaciones políticas en contra de su cliente, a un año de elecciones.
"Llama poderosamente la atención que la Fiscalía, como siempre, tenga una injerencia, un protagonismo, en las campañas electorales de nuestro país", así como "una rapidez que en otros casos no tiene", ha protestado Loza.
El caso 'Cócteles', que recibe el nombre de los eventos que Fuerza Popular organizó para recaudar fondos para las campañas presidenciales de Fujimori, se remonta a 2016 y trata sobre la financiación irregular de sus fallidas campañas.
Según la hipótesis fiscal, durante las campañas para las elecciones de 2011 y 2016, Fuerza Popular realizó una serie de eventos de recaudación de fondos, denominados 'cócteles', para financiar las campañas. Se trataba de fastuosas cenas cuyo coste era cerca de 500 euros que servían de fachada para "blanquear" dinero que entraba de forma irregular desde otras empresas.
Entre las aportaciones investigadas está una de un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht. También figura un aporte de Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú.
