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Hallado muerto un testigo clave del juicio del caso de corrupción Lava Jato en Perú
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Hallado muerto un testigo clave del juicio del caso de corrupción Lava Jato en Perú

José Miguel Castro fue encontrado sin vida en su hogar. Su muerte podría complicar el juicio contra la exalcaldesa Susana Villarán, acusada de recibir sobornos de constructoras brasileñas.

Archivo - La exalcaldesa de Lima Susana Villarán - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo
Archivo - La exalcaldesa de Lima Susana Villarán - Europa Press/Contacto/El Comercio - Archivo

Este domingo ha sido hallado en su domicilio el cuerpo sin vida del exgerente municipal de la ciudad de Lima José Miguel Castro, considerado un testigo clave en el caso de corrupción Lava Jato y en particular contra la exalcaldesa de la capital peruana Susana Villarán, quien habría recibido dinero de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht.

El cuerpo de Castro estaba en su domicilio del distrito limeño de Miraflores dentro de su habitación, boca abajo y con un corte en la yugular de unos 14 centímetros, según la Policía. A lado del cadáver se halló un cuchillo de cocina afilado y otro sin filo y la cerradura de la habitación presentaba signos de haber sido forzada.

El fiscal a cargo del caso, Domingo Pérez, se ha lamentado por la muerte de Castro. "Esperábamos su valioso aporte que podría haber brindado en el juicio que se va iniciar el 23 de septiembre en contra de Susana Villarán y otros investigados. Él también era uno de los acusados, pero se estaba sometiendo a la justicia y teníamos expectativa de que pudiera brindar el testimonio de los hechos que sucedieron", ha declarado en una entrevista con la radio Exitosa.

"Esperamos que el juicio se pueda llevar con regularidad a pesar de esta situación. Todavía no tenemos conocimiento sobre las causas sobre su fallecimiento y esperemos que se nos informe oportunamente", ha añadido Pérez.

Villarán, según la acusación, recibió tres millones de dólares de Odebrecht para combatir contra una campaña que buscaba revocarla del cargo por incompetencia, mientras que OAS le dio siete millones para la misma campaña y para intentar la reelección en el cargo y seguir otorgando concesiones de obra pública y otros beneficios.

La acusación pide 29 años de prisión para Villarán y 25 y cinco meses para Castro, acusado de haber actuado como receptor del dinero ilícito.

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