La ComisiĂłn Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado este viernes su inquietud por el incremento de los episodios de violencia polĂtica en Colombia y ha instado a reforzar la seguridad con la vista puesta en las elecciones presidenciales de este prĂłximo domingo, 31 de mayo.
El organismo ha alertado de amenazas, secuestros y ataques contra candidatos y dirigentes en plena campaña durante el actual proceso electoral en Colombia y ha insistido en la necesidad de intensificar las medidas de prevención y protección de cara a la recta final de las elecciones presidenciales, con especial atención a la seguridad de los aspirantes a la Presidencia.
Como ejemplo de candidatos y lĂderes polĂticos que han denunciado amenazas y acciones violentas en su contra en contexto de campaña, la CIDH ha referido intimidaciones dirigidas al candidato del oficialismo, IvĂĄn Cepeda, al derechista Abelardo de la Espriella o la representante del Centro DemocrĂĄtico –derecha–, Paloma Valencia.
Asimismo, ha recordado el secuestro de la candidata a la Vicepresidencia Aida QuilcuĂ© y el asesinato –el pasado 15 de mayo– de Rogers Mauricio Devia Escobar y FabiĂĄn Cardona, miembros de la campaña del movimiento Defensores de la Patria en el departamento de Meta. A estos hechos ha sumado tambiĂ©n el atentado sufrido el 20 de mayo por el senador Alexander LĂłpez tras participar en un acto polĂtico junto a Cepeda.
La ComisiĂłn ha encuadrado estos incidentes en un escenario marcado por las denuncias sobre el avance de grupos armados y estructuras criminales en distintas regiones del paĂs, una situaciĂłn que –a su juicio– dificulta el ejercicio de los derechos polĂticos de la ciudadanĂa.
En este sentido, ha citado las advertencias de la MisiĂłn de ObservaciĂłn Electoral (MOE), que ha identificado riesgos para el normal desarrollo de los comicios en 386 municipios colombianos, alrededor de un tercio del total nacional. De ellos, 139 presentan un nivel de riesgo extremo, mientras que 122 estĂĄn catalogados en riesgo alto y otros 125 en riesgo medio. Los departamentos mĂĄs afectados por esta situaciĂłn son Cauca y Antioquia, seguidos por Arauca, Cesar, Caldas y ChocĂł.
AsĂ las cosas, la CIDH ha tomado nota de las acciones impulsadas por el Gobierno colombiano para reforzar la seguridad durante el ciclo electoral. Entre ellas destaca el denominado Plan Democracia 2026, diseñado para coordinar la actuaciĂłn de la Fuerza PĂșblica antes, durante y despuĂ©s de las votaciones, asĂ como para garantizar la protecciĂłn de personas expuestas a amenazas.
De acuerdo con informaciĂłn trasladada a este organismo por el Estado, el ComitĂ© de CoordinaciĂłn y RecomendaciĂłn de Medidas de ProtecciĂłn (CORMPE) fue activado meses antes del inicio del proceso y ha celebrado ya 18 sesiones. AdemĂĄs, aseguran desde el Ejecutivo, los 26 candidatos inscritos cuentan con esquemas de seguridad especĂficos.
Las autoridades han reforzado asimismo desde marzo los dispositivos destinados a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales mediante la incorporaciĂłn de mĂĄs de 460 agentes de PolicĂa, 260 integrantes de la Unidad Nacional de ProtecciĂłn y 94 vehĂculos blindados. A ello se añade el despliegue de mĂĄs de 11.400 efectivos de seguridad en diferentes puntos del paĂs para acompañar las actividades de campaña, unos dispositivos que fueron revisados y ampliados a finales de abril.
La CIDH ha valorado igualmente los avances en materia de investigaciĂłn de denuncias, la incorporaciĂłn de una perspectiva de gĂ©nero en las actuaciones institucionales y la apertura de nuevos canales para recibir reportes sobre posibles vulneraciones del derecho a la participaciĂłn polĂtica.
Llegados a este punto, la ComisiĂłn ha recordado que el Estado colombiano tiene la responsabilidad de garantizar que los derechos polĂticos puedan ejercerse en condiciones de seguridad e igualdad. En este sentido, ha incidido en la necesidad de fortalecer las medidas de prevenciĂłn, protecciĂłn e investigaciĂłn frente a la violencia polĂtica y de impulsar polĂticas pĂșblicas que contribuyan a la desmovilizaciĂłn de grupos armados y organizaciones criminales.







