La delegación de paz del Gobierno de Colombia ha rechazado este miércoles la decisión de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de imponer condenas de hasta cinco años de “prisión revolucionaria” a dos funcionarios secuestrados desde mayo de 2025 y ha instado al grupo a su liberación como “gesto humanitario”.
“De nuevo solicitamos al ELN un gesto humanitario para que no sólo respete la vida de los funcionarios, sino que los libere sin condiciones. Nuestra delegación continuará trabajando y utilizará los canales posibles para buscar la liberación”, ha indicado la delegación en un breve comunicado publicado en sus redes sociales.
La delegación ha recordado que ha realizado numerosas gestiones para su liberación “en diversas estancias”, incluyendo la comunidad internacional y la Iglesia Católica. “Hemos estado en permanente comunicación con las familias”, ha precisado.
En la misma línea, la Fiscalía colombiana ha instado al ELN a liberar a los servidores judiciales y los agentes de la Policía Nacional secuestrados “sin condicionamiento alguno” y “como muestra de voluntad de paz por parte de esa organización ilegal armada”.
“El uso repetido de prácticas como el secuestro, prohibidas en Colombia y en el mundo, daña la confianza de la sociedad en los esfuerzos por superar la violencia. La experiencia de años de conflicto armado ha demostrado que el secuestro solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas, sus familias y el país” ha precisado en un comunicado.
La Fiscalía ha recordado que “el respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado de derecho”.
Esto se produce después de que miembros del Frente de Guerra Oriental del ELN anunciaran que Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada –dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Colombia– han sido condenados a 60 y 55 meses de “prisión revolucionaria”, respectivamente.
En concreto, el grupo armado ha encontrado a ambos funcionarios “autores materiales” de “delitos de pertenencia a un organismo del Estado dedicado a la comisión de crímenes de lesa humanidad” por “desarrollar acciones de espionaje contra el ELN, vinculando a la población civil y menores de edad” y por la “ejecución de montajes o falsos positivos judiciales contra la población civil”.
A las ‘condenas’ de Pacheco y López, secuestrados en el departamento de Arauca, en el este del país, se han sumado las de dos agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), secuestrados también en Arauca en julio de 2025.
Se trata de Franki Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, quienes han sido hallados “culpables” de los delitos de “espionaje y perfidia contra el pueblo y el ELN”, teniendo por ello que permanecer en “prisión revolucionaria” durante 36 y 32 meses, respectivamente, esto es, hasta tres años.
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