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La Fiscalía argentina acepta que Cristina Fernández cumpla su pena en arresto domiciliario, pero en otro lugar

La Fiscalía decidió cambiar el lugar de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández debido a las protestas y al ruido que genera su presencia.
Europa Press

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La Fiscalía argentina ha retirado su solicitud para que la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner cumpla en prisión la pena de seis años de internamiento dictada en su contra por el conocido como caso Vialidad, pero ha solicitado que la prisión domiciliaria sea cumplida en otro lugar.

Este lunes se ha celebrado una audiencia convocada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, para analizar las condiciones del arresto domiciliario de Fernández en su domicilio del barrio bonaerense de Constitución, según recoge la emisora Cadena 3.

El fiscal Mario Villar ha alegado que la presencia de Fernández en el barrio de Constitución "genera tumultos y molestias en el barrio" en aparente referencia a la reciente aparición pública de la exmandataria en el balcón de su domicilio.

Por su parte, la defensa de Fernández ha cuestionado las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2, que limitan las visitas en el domicilio a familiares, abogados y médicos sin necesidad de autorización judicial previa.

Además, ha pedido la eliminación de la tobillera electrónica que lleva la expresidenta porque afecta a su derecho a mantener una vida familiar y social adecuada.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola previamente recurrieron contra la prisión domiciliaria, han argüido que esta medida constituye un "privilegio" y vulnera el principio de igualdad ante la ley.

La condena por un caso grave de corrupción pública debería cumplirse en una prisión, ya que no se justifican razones humanitarias ni de salud para otorgar la domiciliaria, apuntaron, en una postura que ahora quedaría anulada.

Fernández fue condenada por haber otorgado obras millonarias en carreteras argentinas a un socio y presunto testaferro durante su gobierno. La expresidenta, que niega los cargos, ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.

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