El ministro de Exteriores de Perú, Hugo de Zela, ha reclamado ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que, al evaluar peticiones de asilo político, los países miembros tengan en cuenta información proporcionada por el Estado de origen para que no "se comprometa el acceso a la Justicia", mientras la ex primera ministra peruana Betssy Chávez está asilada en la Embajada de México en Lima ante la pena de 25 años de cárcel que solicita para ella la Fiscalía de su país.
"Lo que proponemos es que cuando se evalúen los pedidos de asilo diplomático, se analice de manera oportuna y objetiva con la información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables, antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado", ha declarado De Zela este miércoles en su intervención en la sesión de la OEA.
Al hilo, ha defendido que la propuesta de Lima "es consistente con los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", ya que, según ha argumentado, el asilo "no debe concederse a personas que hayan sido condenadas o sobre las que existan serios indicios de haber cometido delitos graves como los contemplados en instrumentos internacionales y regionales sobre terrorismo y corrupción".
En este sentido, ha planteado que, una vez concedida esta medida, "se compromete el acceso a la Justicia", y "el Derecho Internacional no ampara la impunidad".
Por contra, la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, ha defendido la postura de su Gobierno, destacando la figura del asilo diplomático y argumentando en contra de cualquier reforma de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, que según el país norteamericano debilitaría el asilo.
"Nuestro país instó al cumplimiento irrestricto del derecho internacional vigente, e hizo un llamado a la membresía de la OEA a reafirmar su compromiso con la protección de los derechos humanos, la garantía de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y el pleno respeto al derecho de asilo diplomático con la protección internacional que éste confiere a personas perseguidas por delitos que no son del fuero común", ha afirmado el Ministerio de Exteriores mexicano en su comunicado sobre la sesión.
Betssy Chávez, actualmente asilada en la Embajada mexicana en Lima, ha recibido la misma condena --a once años, cinco meses y 15 días de prisión-- que el expresidente Pedro Castillo, que lleva en prisión desde diciembre de 2022 por el delito de conspiración para rebelión, en relación con el intento fallido de golpe de Estado ejecutado aquel mismo mes. Tras su condena, el Tribunal Supremo de Perú dictó contra de Chávez cinco meses de prisión preventiva y una orden de busca y captura a nivel nacional e internacional.
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