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Confiep se opone a medida contra la especulación de precios de los medicamentos

El gremio que vela por las grandes empresas catalogó de "inconstitucional" la medida.

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La Confederación Nacional de Institucionales Empresariales Privadas (Confiep) rechazó que el Estado controle los precios de los medicamentos para evitar que continúe la especulación y el acaparamiento.

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El gremio que defiende a las grandes empresas catalogó de “inconstitucional” la medida que, indican, originaría un “mercado negro”.

“Promover una política pública de control de precios bajo el pretexto de sancionar este tipo de malas prácticas, además de ser inconstitucional fomentaría la informalidad y el mercado negro de los fármacos”, señaló el gremio liderado por María Isabel León de Céspedes en un comunicado.

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Dentro de las nuevas medidas para la contención del COVID-19, el presidente Martín Vizcarra anunció que las medicinas necesarias para el tratamiento del nuevo coronavirus serán incluidas en la lista de medicamentos genéricos. Asimismo, anunció que fiscalizarán las boticas y farmacias a nivel nacional para que den cumplimiento a la medida.

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Por su parte, la Fiscalía presentó el martes un proyecto de ley que busca reincorporar el artículo 233 al Código Penal, el cual castiga con cárcel a quienes suban los precios de los bienes provocando escasez o desabastecimiento.

“La presente ley tiene por objeto sancionar diversas conductas orientadas al acaparamiento y especulación sobre bienes o servicios de necesidad urgente para la vida y la salud de las personas, por parte de productores, comerciantes o prestadores de servicios; con la finalidad de obtener un indebido provecho económico y con el consecuente perjuicio de los consumidores”, dijo la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

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Es la segunda vez que la Confiep hace noticia durante el estado de emergencia. Semanas atrás había pedido al gobierno flexibilidades laborales como el despido masivo de trabajadores, la reducción de remuneraciones, la postergación de la CTS de mayo, suspensión temporal del Impuesto a la renta de 5ta. categoría, cese colectivo de manera automática y sin autorización previa, entre otras. Tras este pedido, el gobierno de Vizcarra cedió y aceptó la suspensión perfecta de los trabajadores.

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