El posible nombramiento de Julio Demartini como embajador del Perú ante la Santa Sede sigue generando ruido político. El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Juan Burgos, advirtió sobre los riesgos que implicaría la designación del exministro, ya que podría obstaculizar las investigaciones del caso Qali Warma.
Mediante un oficio dirigido a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, Burgos advirtió que Demartini obtendría inmunidad diplomática conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), lo que impediría que sea procesado, investigado o detenido por las autoridades peruanas mientras ocupe el cargo.
Además, sus bienes no podrían ser allanados, sus documentos no serían confiscados y sus comunicaciones no podrían ser intervenidas sin autorización del Vaticano o del Estado peruano. “De concretarse el nombramiento, se pondrían en riesgo las investigaciones en curso del Ministerio Público”, afirmó Burgos.
El caso Qali Warma involucra la intoxicación masiva de niños en las regiones de Puno y Cajamarca tras consumir alimentos en mal estado proporcionados por el programa social. Demartini enfrenta una investigación preliminar por presunto delito de omisión, rehusamiento y retardo de actos funcionales. En este contexto, Burgos calificó el eventual nombramiento como “un intento deliberado de obstaculizar la justicia” y exhortó a la fiscal Espinoza a intervenir con urgencia.
La congresista Flor Pablo también criticó duramente esta posible designación. En declaraciones al diario La República, señaló que otorgar un cargo diplomático a Demartini sería "una maniobra inaceptable de blindaje" y una muestra de impunidad por parte del Gobierno. "En lugar de responder ante la justicia, se le premia con un cargo diplomático, evidenciando la falta de ética y transparencia", declaró Pablo, quien recordó que con Qali Warma se afectó gravemente a los sectores más vulnerables del país.
Jaime Quito, parlamentario de Perú Libre, también expresó su rechazo al posible traslado de Demartini al Vaticano. Quito acusó a la presidenta Dina Boluarte de encabezar una red de impunidad que incluye al exministro y otros funcionarios cercanos al Ejecutivo. "No me parece casual que lo manden lejos; es obvio que pretenden dificultar las investigaciones penales", afirmó.
Desde el gobierno, por supuesto, defienden la posible designación de quien fuera uno de los hombres fuertes de la gestión de Boluarte. El primer ministro Gustavo Adrianzén elogió públicamente a Demartini, lo definió como un "trabajador leal" y dijo que su salida del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) fue un acto para preservar la gobernabilidad. "Si llegase a concretarse aquella designación, yo me sentiría bastante satisfecho con ello", declaró en conferencia de prensa.
Por su parte, el canciller Elmer Schialer también respaldó la propuesta y aseguró que no existen impedimentos legales para que Demartini asuma el cargo en el Vaticano. En la misma línea, la actual ministra del Midis, Leslie Urteaga, descartó cualquier obstáculo legal para el nombramiento y aseguró que las investigaciones contra su antecesor continuarían incluso si se le otorga inmunidad diplomática. "Ese es un tema que va a seguir continuando", señaló desde Cusco.
La plaza de embajador en el Vaticano quedó vacante desde el 5 de febrero tras la salida del diplomático Luis Chuquihuara Chil. Según fuentes oficiales, el Gobierno aún no ha enviado formalmente la propuesta para el nombramiento de Demartini, posiblemente debido a temores sobre su aceptación por parte del Vaticano. Cabe recordar que solo el papa Francisco puede aprobar estas designaciones, actualmente hospitalizado por una neumonía bilateral.
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