El juez constitucional Juan Torres declaró improcedente el pedido de la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se aparte “por decoro” del proceso de amparo presentado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y continuará conociendo el caso.
La controversia se enmarca en la orden judicial que dispuso la reposición de Espinoza en el cargo, frente a un organismo que cuestiona su imparcialidad y a un Congreso que impulsa su inhabilitación por diez años del ejercicio de la función pública.
Decisión
El magistrado del Noveno Juzgado Constitucional de Lima, Juan Fidel Torres Tasso, declaró “improcedente de plano” la solicitud de la defensa legal de la JNJ que pretendía que el expediente sea remitido a otro juzgado constitucional para continuar la tramitación del amparo.
El juez señaló que no se encuentra comprendido en ninguna causal de abstención contemplada en el Código Procesal Civil y descartó que existan elementos que afecten su función jurisdiccional en este proceso.
La Procuraduría Pública de la JNJ fundamentó su pedido en la medida cautelar que Torres Tasso dictó anteriormente, mediante la cual ordenó la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, pese a que la causa estaba expedita para sentencia desde el 26 de septiembre.
La representación legal del organismo sostuvo que durante el desarrollo del proceso se habrían configurado situaciones que evidenciarían una aparente parcialidad del juzgador y un indebido adelanto de opinión a favor de la demandante.
Frente a esos cuestionamientos, el juez Torres Tasso determinó que la vía adecuada para expresar desacuerdo con sus decisiones no es la abstención, sino el uso de los medios impugnatorios previstos en la ley procesal.
El magistrado indicó que las partes conservan intacto su derecho a recurrir ante un órgano superior colegiado para que se pronuncie de manera definitiva sobre el proceso de amparo o sobre las incidencias vinculadas a las medidas cautelares dictadas.
Medida cautelar
En resoluciones previas, el juez del Noveno Juzgado Constitucional concedió una medida cautelar a favor de Delia Espinoza, ordenando a la JNJ su reposición como fiscal de la Nación mientras se resuelve la demanda de amparo en el fondo.
Torres Tasso otorgó a la Junta un plazo de dos días, calificado como “único y por última vez”, para que cumpla la reposición, bajo apercibimiento de remitir copias al Ministerio Público para que actúe contra quienes resulten responsables de un eventual desacato.
El Poder Judicial declaró también improcedente el pedido de la propia Espinoza para fijar día y hora específicos para ejecutar la medida cautelar, al considerar que dicho extremo no se adecuaba a los términos originales del mandato ni a la naturaleza del proceso de amparo.
De igual manera, el juzgado rechazó una solicitud de aclaración presentada por la Procuraduría de la JNJ, que buscaba precisar si el organismo tenía o no potestad para reponer a una persona en el cargo de fiscal de la Nación.
La JNJ, por su parte, ha cuestionado la orden de reposición y presentó una denuncia penal contra el juez Torres Tasso por presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad y prevaricato, vinculados a sus decisiones en el caso.
En paralelo, el organismo acudió al Tribunal Constitucional con una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución judicial, trámite sobre el cual un magistrado del TC adelantó que habrá un pronunciamiento “en un breve plazo”.
Situación de Delia Espinoza
El proceso de amparo de Delia Espinoza se desarrolla en un escenario de fuerte tensión institucional, marcado por decisiones del Congreso y de la JNJ sobre su permanencia en la Fiscalía de la Nación.
La Comisión Permanente del Parlamento aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional 528, que recomienda inhabilitarla por 10 años del ejercicio de la función pública por presuntas infracciones a varios artículos de la Constitución y remitir el caso al Pleno para su definición.
La denuncia parlamentaria también propone acusar a Espinoza por supuestos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato, ligados a decisiones adoptadas durante su gestión como titular del Ministerio Público.
Tras la aprobación del informe, la fiscal suprema suspendida declaró que la medida configura un “golpe” en su contra y cuestionó la motivación política de la acusación, mientras sectores del gremio de abogados y organizaciones civiles expresaron preocupación por el alcance de la sanción.
En ese contexto, la demanda de amparo presentada por Espinoza contra la JNJ busca que se disponga su reposición en el cargo de fiscal de la Nación y se deje sin efecto la decisión administrativa que la apartó de la función.
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