Tras sus intentos de traerse abajo al presidente Martín Vizcarra y la reforma del sistema político y judicial, Keiko Fujimori se vio obligada a reconocer que está siendo golpeada por una opinión pública cada vez más vigilante de los actos irregulares de ella y sus partidarios.
Confrontada por los periodistas de Tumbes sobre su caída en las encuestas, a Keiko no le quedó más camino que alegar que ello obedece a que su partido se ha “confrontado a la corrupción”, olvidando que ella misma y partidarios, como Héctor Becerril entre otros, son investigados por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Pero como si con ella no fuera la cosa, dijo que su descenso obedece a sus choques con la corrupción. “Yo entiendo que cuando uno tiene que confrontar a la corrupción y cuando tiene que tomar decisiones difíciles esto implica un costo político y, por supuesto, estamos dispuestos a asumir ese costo político porque sabemos que estamos actuando correctamente y haciendo lo mejor para nuestro país”, explicó.
La lideresa de Fuerza Popular fue consultada por su bajo respaldo a su salida de un mitin en Tumbes donde estuvo apoyando a sus candidatos en las Elecciones Municipales y Regionales. Allí sostuvo que no le preocupa que su baja aprobación pueda poner en riesgo su carrera política ya que, según ella, los que están en política “no miramos ese tipo de riesgos sino lo mejor para el país”.
Al parecer olvidó que está incursa en casos que la comprometen como el del financiamiento de sus campañas políticas, sus lazos con Odebrecht y su presunta reunión con el cuestionado juez César Hinostroza, protagonista de los “CNM Audios”, que han sido los principales desencadenantes de su baja aprobación. De acuerdo a los últimos resultados de Ipsos, el 80% de encuestados desaprueba la labor política de Keiko Fujimori.
Keiko Fujimori aseguró que ahora solo piensa en el respaldo que puedan tener sus candidatos a las 16 regiones del país. Sin embargo, dijo que cuando es recibida en las regiones “son muchas las muestras de cariño” que recibe.
Se le cae una carta
Pero lo cierto es que cada día suma una debacle tras otra. Su afán por trabar las reformas planteadas por el gobierno sufrieron un nuevo revés, luego que se conociera que el Tribunal Constitucional (TC) recién emitirá en octubre el fallo sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la modificación del Reglamento del Congreso que tiene relación con la cuestión de confianza.
Como se recuerda, diversos voceros fujimoristas, pero también apristas, manifestaron que el Ejecutivo no podía plantear la cuestión de confianza al Congreso sobre cambio de normas, como ocurre con la reorganización del Consejo de la Magistratura, la no reelección de congresistas, el retorno a la bicameralidad y el financiamiento de los partidos.
El cambio del reglamento además establece que en caso de la “crisis total del Gabinete”, ningún ministro saliente pueda ser designado por el Consejo de Ministros siguiente, por lo que todos deben ser cambiados. Y que si se repiten los ministros no se considera una crisis total y, por lo tanto, no se considera que el Congreso le ha negado la confianza a un gabinete.
El presidente del TC, Ernesto Blume, indicó que en la audiencia pública que se desarrollará en Arequipa, solo se escuchará a los abogados de ambas partes. “Luego de este proceso la causa queda al voto, no se resuelve (ese día), se resuelve dentro del plazo de 30 días hábiles después de vista de la causa. El 28 de setiembre es la vista y luego hay 30 días, el Tribunal, en algunas oportunidades resuelve antes y otras veces en más tiempo”, manifestó.
Blume explicó que durante la vista por la modificación del Reglamento del Congreso, los magistrados también realizarán preguntas a ambas partes. El pasado 8 de marzo, el Pleno del Parlamento aprobó una iniciativa que dispone modificar su Reglamento sobre la cuestión de confianza y censura de ministros de Estado.
El 16 de marzo, la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK) presentó una demanda de inconstitucionalidad contra esta modificación, ello debido a que este cambio “limita las atribuciones del Presidente en el proceso de cuestión de confianza y censura contra los ministros”.
Chávarry
Ante los rumores que anunciaban que se habría acordado la destitución del fiscal de la Nación, el congresista Juan Sheput, a cargo del informe de la denuncia contra Pedro Chávarry, informó que el documento que presentó ante la subcomisión aún no señala culpabilidad, sino analiza la acusación y las pruebas presentadas.
