Por: Manuel Dammert
Son cada vez más fuertes las presiones al Gobierno por los miembros del Consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP), integrado por Enagás, con 25% de participación; Odebrecht con el 55% de las acciones; y Graña y Montero, con un 20%.
Ellos van a tomar las decisiones del GSP cuando se instale la Junta de Acreedores, que han pedido a Indecopi. En 2017, el consorcio fue declarado en insolvencia, adeuda a Enagás por facturas impagas la suma de US$ 417,185. Hoy existe un largo arbitraje internacional interpuesto por Enagás contra el Estado peruano para que le pague US$ 511 millones, proceso que puede durar 5 años. Y pretenden seguir con los negociazos imponiéndose no solo al Gobierno de Vizcarra, sino al Perú entero.
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