En 2025, el Ministerio de Trabajo registró 1.840 denuncias de hostigamiento sexual en el ámbito laboral privado. Más de la mitad se concentró en Lima y nueve de cada diez fueron presentadas por mujeres. Las cifras muestran la dimensión del problema dentro de los centros de trabajo. También abren una pregunta menos visible: qué ocurre con quienes trabajan por cuenta propia y no tienen un área de recursos humanos, un comité interno ni un empleador al que exigir una respuesta.
Una ruta con responsables definidos
El sistema peruano contra el hostigamiento sexual laboral se apoya en una cadena de responsabilidades. La empresa debe prevenir, recibir la denuncia, activar medidas de protección e investigar. Sunafil puede fiscalizar el cumplimiento y sancionar las omisiones. Sobre el papel, la ruta tiene nombres, plazos y una autoridad a la que acudir.
El 8 de julio de 2026, la presentación oficial de ALIADA realizada por la Sunafil añadió una herramienta digital a esa estructura. El aplicativo web es gratuito e interactivo y busca orientar a empleadores, trabajadores, responsables de recursos humanos, comités de intervención y ciudadanía interesada. Su lanzamiento reunió a más de 180 representantes de empresas, sindicatos y entidades públicas.
La herramienta puede facilitar el acceso a información que antes estaba dispersa. Sin embargo, su existencia no permite saber todavía cuántas personas la usarán, qué tan sencillo será completar una consulta ni si ese uso producirá respuestas efectivas en casos concretos. Una plataforma de orientación y un mecanismo de protección no son exactamente lo mismo.
Hay además una condición de entrada: la ruta está construida alrededor de un centro de trabajo con funciones reconocibles. Puede existir hostigamiento sin jerarquía, pero el procedimiento necesita una organización capaz de recibir el caso y actuar. Para una trabajadora independiente que trata directamente con clientes, esas piezas no siempre están disponibles.
El tamaño del trabajo que queda fuera de la oficina
La pregunta no afecta únicamente a un sector. Entre julio de 2024 y junio de 2025, el 73,3% de las mujeres ocupadas en el Perú tenía un empleo informal, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La cifra no equivale a decir que todas estén desprotegidas ni describe por sí sola el trabajo sexual. Sí muestra que una política basada en la presencia de un empleador formal convive con un mercado laboral donde esa figura muchas veces es débil, difícil de identificar o directamente inexistente.
En el caso de las escorts que trabajan de manera independiente en Lima, el vínculo laboral tradicional se reemplaza por una relación directa con quien contrata el servicio. No hay una oficina donde dejar constancia, un superior obligado a intervenir o un comité con capacidad para separar a las partes. El riesgo se administra antes de cada encuentro y con herramientas elegidas por la propia trabajadora.
Cuando el teléfono ocupa el lugar de la oficina
El celular concentra buena parte de esa organización. Sirve para publicar anuncios, responder consultas, fijar condiciones, ordenar horarios y separar, mediante un número exclusivo, la actividad laboral de la vida personal. También permite interrumpir un contacto, conservar mensajes o compartir la ubicación con una persona de confianza.
La infraestructura digital ayuda a explicar por qué este modelo pudo extenderse. En el tercer trimestre de 2025, el 90,8% de la población de Lima Metropolitana usaba internet. Pero una tasa alta de conexión no significa que todas las usuarias dispongan de un teléfono actualizado, datos móviles constantes, conocimientos de seguridad digital o una red capaz de responder ante una alerta.
Esa combinación de autonomía y prevención se entiende mejor al revisar cómo usan el celular para trabajar las escorts independientes de Lima. Una sola pantalla reúne tareas comerciales, límites de privacidad y medidas de cuidado que antes podían depender de espacios físicos o intermediarios.
Estas prácticas pueden reducir ciertas exposiciones, pero tienen límites claros. Bloquear un número no impide que el contacto reaparezca desde otra línea. Compartir una ubicación facilita el seguimiento, pero no garantiza una intervención. Guardar mensajes puede ser útil como registro, aunque no activa por sí solo una investigación. La tecnología amplía el margen de decisión, sin convertirse por eso en una autoridad.
Dos rutas que no ofrecen la misma respuesta
Comparar ALIADA con las estrategias digitales de las trabajadoras independientes no implica presentar una como suficiente y la otra como fallida. Cumplen funciones distintas. La primera organiza información dentro de un marco laboral que puede asignar responsabilidades y aplicar sanciones. Las segundas permiten anticipar situaciones, controlar el contacto y apoyarse entre compañeras en espacios donde ese marco no opera de la misma manera.
También enfrentan problemas diferentes. En el sistema formal, el desafío consiste en que la denuncia sea recibida, investigada y no termine perjudicando a quien la presenta. Fuera de él, la dificultad empieza antes: identificar qué institución debe intervenir cuando el hostigamiento proviene de un cliente y la actividad no transcurre dentro de una empresa reconocida.
Los registros disponibles tampoco permiten completar el cuadro. Las 1.840 denuncias reportadas por el Ministerio de Trabajo corresponden al ámbito laboral privado y muestran que Lima concentra 1.050 casos. No indican cuántos episodios quedan fuera del sistema, cuántos afectan a trabajadoras independientes ni qué sucede cuando la persona denunciada no es un compañero o un empleador. Ese vacío impide comparar el alcance real de las distintas formas de protección.
La pregunta que los registros todavía no responden
El lanzamiento de una nueva herramienta estatal y el crecimiento de las prácticas de autogestión digital pueden leerse como movimientos paralelos. Ambos reconocen que prevenir el hostigamiento requiere información, filtros, canales de alerta y capacidad de reacción. La diferencia está en quién asume cada tarea y qué ocurre después de una denuncia.
Por ahora, no hay una conclusión simple. ALIADA ofrece orientación dentro de un sistema con capacidad institucional, pero todavía debe demostrar su uso y sus resultados. El teléfono permite a algunas trabajadoras independientes tomar decisiones antes de un encuentro, aunque su alcance depende de la conectividad, el dispositivo y la red de apoyo disponible. Entre las dos rutas queda pendiente una medición básica: qué protección efectiva recibe en Lima una mujer que trabaja por cuenta propia cuando el hostigamiento no ocurre dentro de una oficina ni frente a un empleador.
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