Cientos de dirigentes de la construcción de todo el país se reunirán en Lima del 22 al 23 de febrero en la VII Asamblea Nacional de Delegados de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), actividad que tiene como fin debatir los problemas nacionales e internacionales, analizar cómo estos afectan a los obreros del rubro e implementar las acciones sindicales pertinentes a tomar este 2019.
Uno de los problemas que llama la atención de los dirigentes es la brecha de infraestructura del país con respecto a países como Japón o Singapur, lo cual ha quedado evidenciado con el fenómeno del Niño costero y, recientemente, tras el aniego en San Juan de Lurigancho.
De acuerdo a un estudio de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), hay una brecha de 12,252 millones de dólares en servicios de agua y saneamiento, entre el Perú y países del primer mundo. Y si contamos la infraestructura total, la brecha es de 160 mil millones de dólares. Esa brecha debe reducirse.
Dotar del servicio básico de agua potable y saneamiento al cien por ciento de los peruanos debería ser una meta mínima del Gobierno rumbo al bicentenario de la República.
Esto, claro está, puede hacerse siempre y cuando se destine a Sedapal mayor presupuesto y se mejore el sistema de contrataciones del Estado.
Hay voces que reclaman la privatización de Sedapal como respuesta para mejorar el servicio, pero es sabido que fueron los privados los encargados de la obra y de la fiscalización de la obra. Sedapal tiene el 70% de sus servicios tercerizados. Y eso es un error.
Tenemos suficientes pruebas de la ineficiencia privada. El reciente caso de las AFP es un ejemplo contundente: en 2018, las AFP ganaron 488 millones de soles, mientras sus aportantes perdieron 10 mil millones, como informó la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec). Hasta el momento nadie ha ido a la cárcel por este robo.
