La página 11 y la historia negra del petróleo

Se recuerdan las etapas más oscuras de las negociaciones petroleras que permitieron que uno de nuestros mayores recursos naturales fuera saqueado sin cortapisas.
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International Petroleum Company

Cuentan testigos de la época que al general Juan Velasco Alvarado lo vieron llorar la tarde del 9 de octubre de 1968, horas después que tropas del Ejército ocuparan las instalaciones de la International Petroleum Company (IPC), en Talara, la empresa que explotó el petróleo evadiendo el pago de impuestos y pagando porcentajes de regalías francamente ridículos a lo largo de más de 50 años.

Velasco Alvarado, jefe de la Junta Revolucionaria que desalojó del poder al presidente Fernando Belaunde Terry, guardaba una abierta animadversión a la IPC, pues cuando fue capitán de infantería, durante la guerra con Ecuador, la empresa le negó el uso de los vehículos de la refinería para trasladar las tropas al frente de batalla. Como buen piurano conocía de sus tejes y manejes.

No eran pocos los que cuestionaban el manejo de la petrolera norteamericana.; de hecho, lo hacía el diario El Comercio, bajo el mando de don Luis Miró Quesada de la Guerra, el de la célebre frase: “El periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios”.

Para Velasco y para millones de peruanos era una cuestión de dignidad deshacerse de la IPC que obtenía inmensas utilidades, mucho mayores a las que obtenía en Canadá, EE. UU. y Europa. La empresa era filial de la Standard Oil de New Jersey, y se instaló en el Perú en 1914 para explotar el yacimiento de La Brea y Pariñas.

EL LAUDO DE PARÍS

Su historia negra comenzó en la década del 20 cuando evadió impuestos y se negó a incrementar el pago de ridículas regalías. Era tal la estafa que el gobierno de Leguía, un régimen pronorteamericano, se vio obligado a llevar el asunto a un Tribunal Arbitral Internacional que se reunió en París, Francia, en 1922. Lamentablemente, el tribunal estableció condiciones ominosas, como no elevar el porcentaje de impuestos y regalías por espacio de 20 años, además de un pago simbólico por la explotación del recurso. Así, el fisco dejó de percibir cuantiosas cantidades de dinero.

Durante decenas de años muchos dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles pugnaron por traerse abajo el Laudo, pero se impuso la voz de los defensores de la IPC. En 1942, durante el gobierno de Manuel Prado se prolongaron los beneficios. En 1947, el intento de entregarle los yacimientos de Sechura a la IPC fue paralizada por una campaña encabezada por Francisco Graña Garland, director de La Prensa. La campaña triunfó, pero Graña fue asesinado por un militante aprista el 7 de enero de 1947 frente al local del laboratorio Sanitas.

FBT

Al asumir el mando en 1963, Fernando Belaunde Terry prometió a la nación llevar adelante dos reformas sustanciales: nacionalizar los yacimientos de la Brea y Pariñas y ejecutar la reforma agraria; pero la alianza conservadora APRA-UNO, así como el sector oligárquico de su partido, lograron paralizar sus propuestas. En un último intento por salvar la cara, en julio de 1968, anunció que se iban a realizar tratos con la IPC. El 13 de agosto se firma el Acta de Talara por el que se establece que todos los campos petroleros pasaban a poder de la Empresa Petrolera Fiscal (EPF) a cuenta de los adeudos, aunque la petrolera conservaba la refinería de Talara, el sistema de distribución del combustible y sus derechos de condominio en Concesiones Lima.

El acuerdo iba contra lo ordenado por la Ley 16.674, que exigía la entrega de todas las instalaciones de la IPC por los adeudos. El acuerdo parecía contar con la opinión favorable de la gente, pero esta cambió de parecer cuando el presidente de la EPF, Carlos Loret de Mola, denunció que faltaba una página en el contrato entre la EPF y la IPC, la famosa “Página Once”.

En su libro “La página once” (Ed. Libre1, 1978), Loret de Mola contó las idas y venidas de ambos bandos, con las hojas del contrato. La entrega de La Brea y Pariñas ya estaba asegurada, pero Loret de Mola bregó hasta que anotó de puño y letra, en la última página, el precio mínimo por barril (US$1,0835).

La página se perdió y el 3 de octubre, el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada tomó el poder. Seis días después se ocupaban las instalaciones pero, de cierta forma, la IPC seguía teniendo el control. Loret de Mola le advirtió a Velasco que todo seguía igual. “Velasco quería ponerse a cubierto de críticas por su inacción, y montó un aparato de investigación y punición […] Designó la Comisión Carbonel que, naturalmente, acusó a muchos funcionarios del Gobierno, del BCR y de los ministerios de Hacienda y Fomento”, escribió en la página 516 de su libro.

El informe acusó al director gerente del BCR, Carlos Rodríguez Pastor y a su mano derecha, Pedro Pablo Kuczynski, por otorgar 13 certificados de divisas a la IPC sin las respectivas resoluciones ministeriales. Eso le permitió a la empresa embolsicarse millones de dólares. PPK contaría después que logró fugar por la frontera con Ecuador en la maletera de un Volkswagen.

Poco después, la IPC entabló un proceso al Estado reclamando el pago de intereses, pero finalmente, el gobierno peruano, bajo el mando de Velasco, dispuso el embargo y expulsión definitiva de la empresa.Pese a que el general anunció que no pagaría ningún monto de reparación; las maniobras del gobierno norteamericano le permitieron a la petrolera obtener unos 23 millones de dólares a cuenta del pago por las expropiaciones norteamericanas El asunto fue zanjado por el Convenio De la Flor-Greene, firmado entre el gobierno peruano y el estadounidense el 9 de agosto de 1973. El acuerdo estableció una indemnización global de 76 millones de dólares para las empresas expropiadas.

La IPC nunca pagó los 700 millones de dólares que adeudaba al Estado; pero, pese a ello sigue contando con defensores a todo nivel.

EL COMERCIO OLVIDA SU PASADO

“… como suele suceder también con todas las satrapías, la de Velasco tuvo defensores. Es decir, individuos dispuestos a desdeñar los valores y recaudos de la democracia y el Estado de derecho. Algunos como un simple ejercicio retórico que les permitiera medrar en medio de la arbitrariedad y la falta de transparencia de un régimen de ese tipo; otros, por sintonía ideológica con el intervencionismo colectivista que lo caracterizaba; y unos últimos por la complacencia que les producía poder combinar una cosa con la otra”. (El Comercio 29.9.18) El editorialista olvida que Luis Miró Quesada defendió la nacionalización de la IPC y otras medidas del gobierno de Velasco.

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