El número de adolescentes internados en centros juveniles del Perú por infracciones de extorsión y extorsión agravada pasó de 73 en agosto de 2022 a 162 en agosto de 2026. La cifra, que representa un incremento del 122 %, evidencia un cambio significativo en la composición de la población atendida por el sistema juvenil, según datos del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej) difundidos por El Comercio.
Durante ese periodo, los adolescentes internados por estas infracciones pasaron de representar el 4,1 % al 7,9 % del total de jóvenes recluidos en dichos centros. Es decir, su participación prácticamente se duplicó en cuatro años.
Los datos forman parte de una investigación publicada el 17 de octubre por ECData, la unidad de periodismo de datos de El Comercio, que examinó la evolución de las infracciones atribuidas a adolescentes en un contexto marcado por la preocupación por la inseguridad ciudadana y el avance de delitos como la extorsión.
Más adolescentes internados por infracciones relacionadas con armas
El aumento no se limita a las infracciones de extorsión. Según el mismo informe, el número de adolescentes internados por infracciones relacionadas con la fabricación, comercialización, uso o porte de armas pasó de 82 en agosto de 2022 a 162 en agosto de 2026. La cifra casi se duplicó durante el periodo analizado.
Óscar Vásquez Bermejo, investigador y docente especializado en criminología y justicia juvenil, señaló, en declaraciones recogidas por El Comercio, que el incremento de adolescentes internados por extorsión refleja cambios en el contexto de inseguridad y criminalidad del país.
Sin embargo, las cifras de internamiento requieren una lectura cuidadosa: muestran la evolución de los adolescentes registrados en los centros juveniles por determinadas infracciones, pero no equivalen al total de menores que participan en estos delitos ni permiten establecer, por sí solas, las causas del aumento.
Maranguita supera su capacidad de atención
El incremento de adolescentes internados también plantea desafíos para el sistema de rehabilitación juvenil, especialmente en materia de infraestructura y capacidad de atención.
Según información del Ministerio de Justicia citada por El Comercio, el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, tiene capacidad para albergar a 560 internos, pero registra una población de 816 jóvenes. La diferencia equivale a una sobrepoblación aproximada del 46 %.
El informe también señala que 62 jóvenes internados en el centro juvenil de Trujillo fueron trasladados a Lima durante los dos meses anteriores a su publicación, debido a su nivel de peligrosidad y a conductas de reincidencia violenta, de acuerdo con la información difundida.
La sobrepoblación constituye un desafío para las condiciones de internamiento y la implementación de programas de rehabilitación. En ese escenario, el aumento de adolescentes internados por extorsión y por infracciones vinculadas con armas plantea interrogantes sobre la prevención de la delincuencia juvenil, la intervención temprana y la capacidad del Estado para favorecer la reinserción social.
Las cifras muestran una tendencia que merece atención, pero no bastan para explicar por qué se ha producido el incremento. Para comprender el fenómeno, también es necesario examinar factores sociales, familiares, educativos y criminales, así como la respuesta de las instituciones responsables de la prevención y la justicia juvenil.
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