Nuevas declaraciones de funcionarios de Odebrecht ratifican que JJC de los Camet, GyM de “Pepe” Graña e ICCGSA compartieron las coimas por la interoceánica.
No era poquita cosa: el 30 por ciento de 45 millones de dólares son nada menos que 13,5 millones de dólares. La semana pasada, otras revelaciones del “club de la construcción” también ratificaron que estas y otras empresas constructoras se repartieron obras sobrevaluadas en cientos de millones de soles, pagando una “bolsa” de al menos 17 millones de dólares. Mientras tanto, estas empresas siguen contratando con el estado, recibiendo puntualmente sus pagos y cobrándonos peajes elevados.
Además, esas empresas incluyeron esas coimas como costos empresariales, logrando así que mediante una reducción de impuestos el estado cargara con 30 por ciento de las coimas ¿Por qué siguen como si nada?
Este tema se discutió intensamente en el verano pasado en torno a la aprobación de la ley 30737. Pueden ver mis artículos publicados en marzo https://bit.ly/2EnosXwy mayo https://bit.ly/2SOFvdY.
Como señalamos en su momento esa ley y su reglamento permitían que estas empresas, aunque obstruyeran la justicia y no colaboraran en nada, siguieran operando sin cambios sustanciales. La ley no empoderaba a los fiscales; por el contrario facilitaba que las constructoras siguieran manteniendo la “omertá” cómplice del silencio absoluto, salvo Odebrecht que ya tenía un acuerdo firmado para delatar todo en Brasil y Nueva York.
Ahora Yeni Vilcatoma critica la ley 30737, pero durante todo este tiempo ha seguido siendo fiel integrante de la bancada fujimorista que aportó 42 votos críticos a la aprobación de esta ley.
Grandes intereses se movieron atrás de esa ley, que en su momento se dijo era indispensable para mantener el crecimiento económico, como si solo hubiera ese puñado de constructoras corruptas y nada pudieran hacer las demás medianas empresas que nunca pudieron competir porque no pagaban su entrada al exclusivo “club de la pudrición”.
El problema es que Vilcatoma, en vez de querer ajustar a las demás empresas constructoras, brasileñas y peruanas, que no colaboran y obstruyen la justicia, quiere atacar a la única que habla y colabora: Odebrecht.
Lo que hay que hacer es precisamente lo contrario, ajustar a estas coimeras cortándoles el caño del presupuesto público para forzarlas a que confiesen absolutamente todo y lograr así que los culpables vayan a la cárcel.
Y no, no es que estemos contra la empresa privada, del mismo modo que insistir en que el general retirado y congresista Edwin Donayre vaya a la cárcel por robar gasolina no significa para nada oponerse al Ejército Peruano.
Como dice mi amigo Abel Gilvonio “el país requiere empresas que logren ganancias y utilidades con transparencia, de manera honesta, no corrompiendo sino respetando sus propias reglas de juego y los derechos laborales de los trabajadores”.
