El juez federal Ariel Lijo ha dictado un procesamiento contra 34 represores de la dictadura argentina por crímenes cometidos en el campo de concentración, tortura y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires, incluido el secuestro de menores que llegaban a estas instalaciones.
Entre los procesados están los militares Alfredo Astiz (73 años) y Jorge Eduardo Acosta (84 años), ya condenados a cadena perpetua. El procesamiento también incluye al abogado Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa (80 años), un civil que frecuentaba la ESMA y que era familiar de Acosta, apodado el 'Tigre'.
Torres de Tolosa, conocido como el 'Teniente Vaca', según los supervivientes, solía estar todos los días en el casino de oficiales y participaba en las torturas e interrogatorios y en los conocidos como vuelos de la muerte.sobre el río de la Plata.
Otro de los procesados, Eugenio Batista Vilardo (87 años), era funcionario de la Cancillería, a las órdenes de la Marina. Frecuentaba el campo de concentración de la ESMA y su misión era refutar las acusaciones internacionales sobre secuestros y torturas.
Los acusados ya han sido juzgados por crímenes cometidos en la ESMA, pero el juez investiga ahora casos por los cuales no habían tenido que responder con anterioridad. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los secuestros del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz, que incluye a las Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas, o el del periodista Rodolfo Walsh y de la adolescente sueca Dagmar Hagelin.
Lijo incorpora así más de 150 casos que surgieron durante las declaraciones en los juicios abiertos desde 2007 por lo sucedido en la ESMA, incluidos los secuestros de menores hijos de personas llevadas al campo de concentración.
CRÍTICAS DEL OFICIALISMO
La decisión ha sido duramente criticada por Alberto González, considerado el mentor de la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel.
"Lo de los bebés es un cuento chino", ha afirmado González, según recoge la prensa argentina. González insiste en que en la ESMA no se robaba a los hijos de las personas detenidas-desaparecidas, sino que eran entregados a la Policía para que los llevaran al hospital infantil.
"La Secretaría de Derechos Humanos impulsó esto para mantenernos presos", declaró previamente ante los funcionarios del juzgado federal 12 de Comodoro Py.
El propio González era militar y participó directamente en la gestión del campo de concentración de la ESMA, por lo que se le han impuesto dos condenas. Además está condenada por la violación a Silvia Labayru.
