La ONG AmnistĆa Internacional (AI) ha denunciado este viernes la "impunidad" y la "falta de avances en la rendición de cuentas" por la "represión y la criminalización que caracterizaron la respuesta estatal" a las manifestaciones que tuvieron lugar en 2023 en Jujuy tras la aprobación de una reforma de la Constitución provincial que incluĆa restricciones al derecho a la protesta.
Dos aƱos despuĆ©s de lo que ha tildado como una "brutal represión", AmnistĆa ha publicado un informe en el que expone la "estrategia estatal de silenciar a quienes se atreven a reclamar sus derechos".
"En todo este tiempo, las autoridades no han dado respuestas sobre las tĆ”cticas implementadas con el claro objetivo de violar el derecho a la libertad de reunión pacĆfica en la provincia, tales como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, o las investigaciones para criminalizar a los manifestantes", ha afirmado Ana Piquer, directora para las AmĆ©ricas de AmnistĆa.
Centenares de heridos
En este sentido, ha recordado que en menos de un mes, entre mayo y junio del 2023, se debatió y se aprobó una reforma constitucional "regresiva" en materia de Derechos Humanos, especialmente para los pueblos indĆgenas, a puerta cerrada y de forma exprĆ©s, lo que llevó a miles de personas a salir a la calle para manifestar su rechazo al texto propuesto y reclamar la falta de participación y consulta.
"El Estado de Jujuy no solo dio la espalda insistentemente a los reclamos legĆtimos de participación sino que tambiĆ©n difundió el temor, la violencia y la intimidación a quienes alzaron la voz", ha lamentado.
La directora ejecutiva de AmnistĆa Internacional Argentina, Mariela Beski, ha indicado que el informe muestra la "completa exclusión de los pueblos indĆgenas del debate sobre la reforma, en un contexto de despojo territorial y discriminación estructural en la provincia con la mayor proporción de personas indĆgenas del paĆs".
"Esto ha sucedido, primero, con la aprobación de la nueva Constitución sin su consentimiento libre, previo e informado, como determina el Derecho Internacional y, segundo, con la prohibición normativa y la dispersión violenta de cortes de calles y restricciones desproporcionadas del ejercicio legĆtimo del derecho a la protesta", ha explicado.
La organización ha recordado que la represión ejercida por las fuerzas de seguridad se saldó con cientos de heridos, algunos de los cuales presentaban lesiones graves y permanentes. El informe destaca que la PolicĆa hizo un uso "ilegĆtimo, arbitrario y excesivo de la fuerza con el propósito claro de despejar las protestas".
Esto, segĆŗn ha explicado la ONG, incluye el uso de gases lacrimógenos y balas de goma, asĆ como el disparo de proyectiles de impacto mĆŗltiple cuyo uso "deberĆa estar totalmente prohibido de acuerdo con los estĆ”ndares internacionales de Derechos Humanos". TambiĆ©n ha denunciado el uso de armas "no regularizadas", como piedras y lĆ”tigos.
En total, se estima que estos actos dejaron al menos 170 heridos, por lo menos diez de ellos a causa del impacto de balas de goma o cartuchos de gas lacrimógeno en la cara --tres de los cuales perdieron la visión de un ojo--.
Desde AmnistĆa aseguran que estas "respuesta represiva" ante las manifestaciones estuvo acompaƱada de una "estrategia de criminalización". SegĆŗn el documento, durante estas protestas se registraron al menos 99 detenciones, de las cuales un gran nĆŗmero fueron "arbitrarias".
AdemĆ”s, se han identificado casos de detenciones realizadas mediante el "uso ilĆcito de la fuerza, incluso contra niƱos y adolescentes", lo que llevó a que algunos manifestantes fueran vĆctimas de golpes, tratos crueles e inhumanos y degradantes.
Piquer ha recordado asĆ que "nadie ha sido sancionado por las violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante la represión" y ha hecho hincapiĆ© en que las vĆctimas "siguen esperando justicia".
Algunos de estos casos, sostiene el texto, "jamĆ”s deben ser olvidados, pues recuerdan a las autoridades la enorme deuda pendiente con la sociedad jujeƱa, especialmente con los pueblos indĆgenas de la provincia, que siguen luchando por el reconocimiento y la garantĆa de sus Derechos Humanos", tal y como ha resaltado Piquer.