La presidenta de Perú, Dina Boluarte, encabeza esta lunes una mesa de trabajo con representantes del Estado y de las organizaciones mineras para abordar el proceso de formalización de miles de trabajadores, al mismo tiempo que ha advertido de que no que habrá diálogo con quienes se mantienen en la clandestinidad.
"No vamos a pactar con quienes de manera contumaz se mantienen en la ilegalidad (...) los mineros ilegales están al margen de la ley y con ellos no hay pactos, acuerdos ni diálogo porque como se ha demostrado en estos días, sus medios son violentos en defensa de su actividad destructiva del país", ha dicho este domingo.
Boluarte ha afeado a estas colectivos las medidas de presión que han ejercido en los últimos días para protestar contra su decisión de cerrar el 31 de diciembre el registro que permite a muchos de estos trabajadores poder formalizar su situación, además de excluir a otros 50.000 que lo intentaban desde hace varios años.
Los manifestantes, que intensificaron las protestas con bloqueos de carreteras y algunos episodios esporádicos de violencia, exigen nuevas medidas que faciliten la formalización de sus actividades, de las que dependen miles de familias.
No obstante, Boluarte se ha negado en rotundo a cualquier tipo de diálogo con estos colectivos debido a la intensidad de las protestas. En cambio, pondrá en marchar la regularización de 31.560 personas que ya han se han inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), recoge 'La República'.
Boluarte ha relacionado el aumento de la inseguridad con este tipo de actividades al margen de la ley. "Promueven la violencia en alianza con grupos extremistas que pretenden que el caos impere en nuestro país", ha dicho.
La mandataria ha asegurado que la minería ilegal no solo ha costado vidas en Perú, sino también estragos al medioambiente y más de 7.500.000 millones de soles (1.800 millones de euros) a las arcas públicas en pago de impuestos.
Este lunes, Boluarte dirigirá una mesa de trabajo en la que, entre otros, se sentarán el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; y representantes de los principales gremios del sector.
