Los chilenos y chilenas irán este domingo a las urnas para decidir el destino del proyecto de nueva Constitución que busca dejar atrás a la escrita durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), la cual podría seguir vigente si gana la opción de rechazo al texto, como anticipan las encuestas.
Un total de 15.076.690 personas en el país y 97.239 en el extranjero podrán participar del proceso. En esta ocasión, la votación será de carácter obligatorio para el primer grupo y voluntario para el segundo.
Según los sondeos, la opción rechazo supera en cerca de diez puntos porcentuales a la de apruebo, aunque el cierre de campaña generó dudas, después de que el sector a favor del nuevo texto constitucional realizara el jueves un acto masivo en Santiago, que según sus organizadores alcanzó las 500.000 personas, mientras que los que se oponen apenas juntaron a unos cientos de adherentes.
Las estimaciones de las encuestas contrastan también con el 80% que en el plebiscito de 2020 votó a favor de redactar una nueva Constitución, una de las demandas de la ola de protestas que sacudió al país un año antes en reclamo de mayor justicia social en un país muy desigual.
Si gana el Apruebo, el presidente Boric tendrá cinco días para Convocar al Congreso Pleno, donde se promulgará y se prometerá acatar el nuevo texto constitucional. El documento será promulgado en el Diario Oficial dentro de los diez días siguientes a su promulgación y entrará en vigencia a partir de esa fecha.
En cambio, si triunfa el Rechazo, se mantendrá la actual Constitución pinochetista que, a pesar de tener una importante reforma en 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), fue el centro de los reclamos ciudadanos durante el estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo entre la mayoría de los partidos para redactar una nueva Carta Magna.
Por eso, cualquiera sea el resultado del domingo, el proceso constitucional seguirá su rumbo, ya que de aprobarse deberá implementarse con leyes que legisle el actual Congreso, que está dividido casi a la mitad entre fuerzas de derecha e izquierda, y en caso de rechazarse, los parlamentarios deberían buscar un nuevo camino constitucional.
