El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha anunciado este viernes el cierre de las mesas de diálogo y de los espacios de interlocución socio-jurídica que seguían en funcionamiento en el marco de la denominada política de ‘paz total’ impulsada por el Ejecutivo de Gustavo Petro.
El mandatario ha comunicado la adopción de varias resoluciones mediante las que su Gobierno pondrá término a estos procesos, sustituyendo la estrategia de negociación por una política centrada en el sometimiento de las organizaciones armadas y criminales a la Justicia.
“Con dichas decisiones estoy terminando de una buena vez las mesas de diálogo y espacios de conversación socio-jurídica en el marco de la mal llamada paz total del Gobierno Petro”, ha reivindicado De la Espriella en un comunicado difundido en redes sociales.
Entre las referidas decisiones figura el cierre de la mesa de conversaciones con el Frente Comuneros del Sur, una estructura escindida del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como la retirada de reconocimiento oficial a los negociadores que habían sido designados por la anterior Administración.
El Ejecutivo ha decidido también poner fin al espacio de conversación sociojurídica mantenido con organizaciones armadas y criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, conocido como el ‘Tarimazo’. En este caso, el Gobierno ha retirado igualmente la acreditación de Isabel Zuleta López como negociadora.
El presidente colombiano ha subrayado que este nuevo rumbo implica abandonar las negociaciones con estos grupos para aplicar mecanismos de sometimiento a la Justicia, criticando el uso de “semejante nombre rimbombante para una farsa tan grande”, en alusión a la denominación de ‘paz total’ utilizada durante el Gobierno de Petro.
A partir de ahora, según ha explicado De la Espriella, las resoluciones serán trasladadas al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de reactivar las actuaciones judiciales contra los integrantes de las organizaciones afectadas.
“Estas decisiones se van a comunicar al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación Para que se reactiven contra todos estos delincuentes las respectivas órdenes de captura Por supuesto las extradiciones que las vamos a acelerar y demás situaciones jurídicas a las que haya lugar”, ha especificado.
El presidente ha insistido además en que su Gobierno no contempla mantener espacios de interlocución con organizaciones que considera criminales. “El Estado no negocia su soberanía ni se arrodilla ante los criminales”, ha resumido en un mensaje difundido en redes sociales.
La nueva orientación se suma a medidas adoptadas a finales de agosto contra otros grupos armados que habían participado en procesos de diálogo durante la Administración anterior. Entre ellos, el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
Este giro supone un cambio sustancial respecto a la estrategia desplegada por Petro desde 2022, cuando su Gobierno promovió contactos simultáneos con organizaciones insurgentes y estructuras consideradas criminales con el propósito de avanzar hacia acuerdos de paz, desarme o sometimiento a la Justicia.
Los procesos abiertos durante la anterior legislatura habían sufrido distintos episodios de crisis, suspensiones y rupturas, especialmente en las conversaciones con el ELN y distintos sectores de las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), además de divisiones internas en algunas de las estructuras implicadas.
De la Espriella, que asumió la presidencia el pasado 07 de agosto y que había planteado ya durante la campaña su intención de modificar el enfoque de paz y seguridad de su predecesor, apuesta ahora por el cumplimiento de las órdenes judiciales por la persecución de los integrantes de estos grupos.
“Se acabaron las concesiones a los delincuentes. La autoridad legítima jamás volverá a claudicar”, ha sentenciado el mandatario colombiano en su comunicado.
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