El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado este jueves la imposición de sanciones contra una empresa controlada por el Ejército de Cuba y su directora, así como contra una compañía minera, en el marco del creciente bloqueo y las presiones de la Administración Trump contra la isla y sus autoridades.
Los afectados por estas medidas son el conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) y su directora, Ania Guillermina Lastres Morera; además de la minera Moa Nickel S.A. (MNSA), ha indicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), sin dar más detalles.
Por su parte, el Departamento de Estado ha precisado que GAESA es “una empresa paraguas controlada por el Ejército cubano (que) controla aproximadamente el 40% o más de la economía de la isla”. Así, ha asegurado que la compañía “está diseñada (…) únicamente en beneficio de las élites corruptas” del país y no para los ciudadanos, triplica el presupuesto del Estado y controla 20.000 millones de dólares en activos ilícitos, haciendo “responsable” a Lastres de la gestión de estos ingresos en el extranjero.
“Mientras el pueblo cubano sufre hambre, enfermedades y una crónica falta de inversión en infraestructuras críticas como la red eléctrica, gran parte de las ganancias de las actividades de GAESA se desvían a cuentas bancarias ocultas en el extranjero”, ha agregado.
Por otra parte, MNSA es una “empresa conjunta” de la canadiense Sherritt International Corporation y la estatal cubana La Compañía del Níquel, y está sancionada por haber “explotado los recursos naturales de Cuba en beneficio del régimen y a expensas del pueblo cubano”. “Obtiene beneficios de activos que el régimen cubano expropió originalmente a personas y empresas estadounidenses”, ha asegurado el Departamento.
La cartera dirigida por Marco Rubio, que ha apuntado a nuevas sanciones contra entidades vinculadas a La Habana “en los próximos días y semanas”, ha enmarcado estas medidas como parte de la “campaña” de Washington para abordar las “apremiantes amenazas a la seguridad nacional” que presuntamente constituyen las autoridades cubanas y “exigir responsabilidades tanto al régimen como a quienes le brindan apoyo material o financiero”.
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