La Comisión de Exteriores del Congreso de Perú ha aprobado este lunes una moción para declarar persona 'non grata' a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, después de que ésta haya denunciado que el expresidente peruano Pedro Castillo, en prisión preventiva por acusaciones de rebelión y abuso de autoridad tras el fallido autogolpe de diciembre de 2022, es víctima de una "persecución política".
La medida, que ha contado con doce apoyos y seis votos en contra, será presentada al pleno de la cámara antes de su votación, según ha indicado el organismo en un comunicado en el que ha defendido la propuesta al considerar que la mandataria mexicana ha mantenido una "conducta hostil" hacia Perú desde que asumió el cargo en octubre de 2024.
En particular, los diputados de Fuerza Popular (FP), la formación que ha propuesto la iniciativa, han acusado a Sheinbaum de haberse "referido" a Castillo como "legítimo presidente de Perú", unas declaraciones "altisonantes y ofensivas para" el país y sus instituciones, según han indicado en la nota.
En este sentido, han considerado la moción como un "castigo" para la presidenta mexicana, al tiempo que han asegurado que ésta "no es un acto contra el pueblo mexicano al que nos une una historia y una amistad, sino una defensa legítima de la dignidad nacional".
"Perú exige respeto a su soberanía y a sus instituciones. No podemos permitir que se minimice un intento de golpe de Estado ni que se distorsione nuestra democracia", ha declarado en esta línea la diputada de FP Carmen Alva Prieto.
La iniciativa se produce después de que a finales de agosto la presidenta de México recibiera en la sede presidencial a Guido Croxatto, abogado de Castillo, y denunciara que éste se encuentra "injustamente encarcelado en Perú".
"La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad", afirmó en su cuenta de la red social X, donde manifestó su "más profunda solidaridad" con el expresidente y sus familiares en lo que calificó como "un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región".
Castillo se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de rebelión y abuso de autoridad por el fallido autogolpe de diciembre de 2022, cuando trató de disolver el Parlamento y arrogarse más competencias tras proclamarse vencedor en las elecciones celebradas en junio de 2021.
Su mandato fue un fiel reflejo de lo que es la política peruana, una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno --con más de 70 ministros-- que tuvo en solo 16 meses. Incapaz de dotar de estabilidad y rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.
El cese de Castillo trajo para Perú una de sus peores crisis recientes, con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte, cuyo mandato ha quedado en entredicho.
