El expresidente de Bolivia Luis Arce, encarcelado desde el pasado diciembre por presunto desvío de capitales, ha denunciado desde una prisión de La Paz haber sido víctima de “tortura psicológica”, entre otros abusos, y de un “secuestro al margen de la ley” en una carta en la que se ha descrito como “preso político” del actual gobierno dirigido por Rodrigo Paz.
“En los últimos tiempos he sido objeto de acciones, decisiones y actuaciones que lesionan principios fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado, así como en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado Plurinacional de Bolivia es parte. Entre estos derechos se encuentran el derecho al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la defensa material y técnica, a la tutela judicial efectiva, así como las garantías de imparcialidad, legalidad y seguridad jurídica”, ha relatado en una misiva con fecha del 31 de marzo pero difundida este lunes en sus redes sociales.
El exmandatario ha recordado que fue detenido el pasado 10 de diciembre “sin que existiera una orden legal” para ello, por lo que ha denunciado ser objeto de “un acto arbitrario que solo puede calificarse como un secuestro al margen de la ley”. “Este hecho resulta aún más grave si se considera que, al concluir mi mandato, decidí permanecer en el país (…) y que habiendo manifestado públicamente mi plena disposición de atender cualquier requerimiento de la justicia, no recibí notificación ni citación previa respecto a un proceso que se hubiese iniciado en mi contra”, ha recalcado.
Arce ha lamentado que “todas” las solicitudes presentadas por su defensa en el marco del proceso abierto en su contra han sido rechazadas, incluido la realización de “exámenes médicos requeridos por un cardiólogo, poniendo en riesgo (su) salud y (su) integridad física”.
Asimismo, ha denunciado que pasó sus primeras noches en prisión recluido en un lugar “que carecía de las condiciones mínimas de habitabilidad y (donde) cada hora durante toda la noche ingresaban de manera abrupta para tomarme fotografías”, lo que ha descrito como “una forma de tortura psicológica”.
Por otra parte, el expresidente ha asegurado que este domingo “se procedió a allanar mi domicilio, prosiguiendo con acciones orientadas a darme muerte civil y política”. “Qué más se estarán inventando, qué más sembrarán en mi contra. Yo no he robado, yo no he matado, yo no he mentido al pueblo boliviano”, ha asegurado, al tiempo que ha hecho un llamamiento a las autoridades para que “actúen en estricto apego a la Constitución (…) y cesen los mecanismos de persecución política, mediática e institucional orientados a desacreditar, restringir y menoscabar derechos fundamentales”.
Arce, que ha dirigido el escrito a sus conciudadanos, la comunidad internacional, organismos de Derechos Humanos e “instituciones democráticas”, ha exigido “el debido proceso, el respeto a las leyes, la objetividad de jueces y fiscales sin presiones políticas ni instrucciones por parte del gobierno en todos los procesos políticos que se han abierto a diferentes servidores públicos de mi gobierno y al mío propio”.
“Lo que se está haciendo no sólo es venganza, sino también excusa para ocultar la incapacidad y la corrupción de un gobierno que le miente al pueblo boliviano”, ha señalado el que fuera dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), investigado por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena mientras fue ministro de Economía entre 2006 y 2017.
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