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sábado, 23 de mayo de 2026
El primer ministro de Perú tacha de “improcedente” la denuncia constitucional de la Fiscalía contra Boluarte
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El primer ministro de Perú tacha de “improcedente” la denuncia constitucional de la Fiscalía contra Boluarte

El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ha salido al paso para catalogar como "improcedente" la...
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El primer ministro de Perú tacha de “improcedente” la denuncia constitucional de la Fiscalía contra Boluarte. Por Europa Press.

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) –

El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, ha salido al paso para catalogar como “improcedente” la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía andina contra la presidenta del país, Dina Boluarte, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado en el marco del ‘caso Rolex’.

Adrianzén ha aseverado que la denuncia “será declarada improcedente y archivada” por la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento de Perú, y ha puesto en duda los argumentos de la Fiscalía para presentar sus acusaciones contra la mandataria, según informaciones recogidas por la emisora RPP.

Asimismo, el primer ministro ha acusado al Ministerio Público de “buscar delitos donde no existen” y ha catalogado esta denuncia como un ejemplo de la “persecución sistemática en materia fiscal” que viene sufriendo Boluarte “de manera indebida, inconstitucional e ilegal” en los últimos tiempos.

La Fiscalía de Perú anunció el lunes que había presentado una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado tras recibir de manos del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tres relojes de la marca Rolex y joyas “con el propósito de realizar actos propios de su cargo como presidenta”.

Boluarte está siendo investigada por un delito de presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado por la posesión de varios relojes de lujo que ha lucido en sus intervenciones. Los relojes y joyas no aparecen en las declaraciones juradas y suponen un importante incremento patrimonial no justificado. La Policía y la Fiscalía llegaron a registrar el Palacio de Gobierno y la residencia personal de la mandataria.

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