Las fuerzas de seguridad de Argentina incurrieron en “abusos” en su respuesta a la protesta convocada el 12 de marzo frente al Congreso para reclamar mejoras en las pensiones, según la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha reclamado una investigación independiente por parte de las autoridades.
El Gobierno argentino ha alegado que en las protestas convocadas en un inicio por jubilados se infiltraron grupos violentos, un extremo que reconoce también HRW pero que, según la ONG, no justifica ciertos patrones policiales durante la represión. La organización ha examinado decenas de vídeos y fotografías de estas marchas.
La directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, ha afirmado en un comunicado que “hay pruebas contundentes” de “un uso indiscriminado y peligroso de la fuerza”. Por ello, ha emplazado al Ejecutivo de Javier Milei a garantizar la rendición de cuentas “en lugar de hostigar a una jueza que liberó a los detenidos de la protesta”.
“El Gobierno de Milei está blindando a las fuerzas de seguridad de cualquier intento de rendición de cuentas y presionando a jueces cuyos fallos buscan defender los derechos de los manifestantes”, ha criticado Goebertus.
Entre los abusos que HRW ha llamado a esclarecer figura el caso del periodista Pablo Grillo, herido grave por el impacto en la cabeza de un cartucho de gas lacrimógeno disparado desde 50 metros de distancia y con un ángulo horizontal, en contra de los estándares internacionales.
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